Javier Milei envió ayer al Congreso un proyecto de “ley ómnibus” que incluye modificaciones al Código Penal, específicamente en el ámbito de la legítima defensa. La propuesta busca aliviar la presión sobre ciudadanos que, al enfrentarse a un delito o acto de violencia, terminan enfrentando causas penales.
La iniciativa establece que al evaluar la legítima defensa o el cumplimiento del deber por parte de funcionarios de fuerzas de seguridad, “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Hasta ahora, el Código Penal contemplaba la legítima defensa ante hechos como “escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”. La propuesta agrega situaciones como encontrar a un extraño dentro de su hogar o inmueble legítimamente ocupado, siempre que haya resistencia o indicios de una agresión inminente.
El proyecto también incluye la posibilidad de legítima defensa en casos donde hay una diferencia significativa de edad, contextura física, experiencia en riña o número de agresores que podría razonablemente hacer temer por daño a la integridad física o sexual. Además, se considera legítima defensa contra alguien que amenace con un arma falsa o ataque con un arma mientras huye de la escena.
Una novedad es la referencia al “arma falsa”, eliminando posibles desventajas para la víctima que se defiende con un arma real contra un agresor que porta un arma de juguete.
El proyecto también limita la posibilidad de que el delincuente o sus familiares presenten querellas o demandas contra la persona que se defendió.
