El conocido e ilegal cobro de plus médico es un negocio millonario de dinero en negro sobre el que no se pagan impuestos. Esa es la hipótesis que movió a la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones a iniciar una investigación judicial que está en pleno proceso.
La causa comenzó tras la publicación de un artículo de La Gaceta el 15 de noviembre de 2015: “Mueve $ 15 millones por mes el plus médico por mes”. En la nota, el secretario general de la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de la Seguridad Social (Atepyss), Andrés Jaime, calculaba que sólo los médicos generaban un movimiento de $ 15 millones por mes de manera ilegal. Si el dato se extendía al resto de las prestaciones de salud, el monto se elevaba a $ 60 millones mensuales.
El artículo alertó al fiscal general Gustavo Gómez, quien inició la investigación de oficio. Jaime fue citado a declarar y ratificó sus dichos ante el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Estafa a los pacientes y al Estado
El cobro de “plus” a pacientes con obra social está expresamente prohibido por la ley 6.061, sancionada en el año 1990. Sin embargo, además de cobrar extra, la mayoría de las veces los médicos no emiten factura alguna, imposibilitando que el afiliado tramite algún reintegro.
La falta de factura persigue dos fines. El primero es que no queden registros de la práctica ilegal. El segundo, para evitar incluir esos ingresos en sus declaraciones juradas y evitar así pagar los impuestos que corresponden.
El Subsidio de Salud, la obra social más grande de la provincia (tiene casi medio millón de afiliados) recibe denuncias de pacientes a quienes les cobran plus. Sin embargo, los reclamos son escasos porque las personas que padecen alguna enfermedad prefieren no denunciar al médico que los atiende.
El cobro de plus está tan extendido que cualquier persona que solicite un turno para atención médica, una cirugía, un estudio o cualquier otra práctica es informado de antemano cuánto dinero deberá desembolsar además de la orden de consulta.
De acuerdo a la investigación judicial, para estudios sencillos, como una radiografía, se cobra entre $ 50 y 100. Sin embargo, procedimientos más complejos los montos crecen. En la causa obran registros de cobros de entre $ 340 a $ 1.000 para atención odontológica, consultas médicas y análisis. Para casos de internación y cirugía, los registros llegan a $ 6.000, $ 8.500 y $ 10.500.
Investigación y reacción del Colegio Médico
La Fiscalía pidió informes a los colegios profesionales de médicos, oftalmólogos, anestesistas, odontólogos, cirujanos, psicólogos y demás trabajadores de la salud, así como a la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán, para que informen qué rol cumplen en la gestión de cobro y pago de honorarios. También pidió a los dos canales de televisión por aire el material que tuvieran sobre el tema. Finalmente, solicitó a Instituto de Previsión Social y a la Afip informes sobre el asunto.
Enterados los miembros del Colegio Médico de Tucumán, pidieron al juez Federal Fernando Luis Poviña que retirase las actuaciones de la Fiscalía General y las tomara bajo su dirección. Poviña hizo lugar al pedido y el lunes pidió a Gómez que le enviara todas las pruebas que había logrado recolectar.
Sin embargo, ese mismo día Gómez envió la causa, junto a siete cajas repletas de documentación, al fiscal Carlos Brito, para que él continuase con la investigación.
Fuente: Mariana Romero / Periódico Móvil
