Por Fabián Doman para Infobae- No es una impresión cualquiera, es la opinión mayoritaria que jueces, fiscales federales y abogados -consultados para conocer el futuro de la ex Presidente- le entregaron a este periodista durante un sondeo llevado adelante el último mes.
Felipe González dijo alguna vez que los ex Presidentes son “grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños: tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes“. La definición permite comprender en parte a cualquier ex, pero no alcanza para resolver uno de los mayores enigmas políticos de la Argentina: cuál será el destino de Cristina Fernández de Kirchner: ¿será candidata en el 2017? ¿Terminará presa? ¿O será simplemente una ex Presidente que opinará de vez en cuando y se dedicará a su familia? Si su destino irremediable es la cárcel, ¿cuándo será?
La compleja realidad que rodea a la ex jefa de Estado hace incluso difícil establecer las preguntas más obvias. Las respuestas son muchas y todas diferentes, e involucran primariamente al Poder Judicial y, por supuesto, al Gobierno, al Congreso, al peronismo y obviamente al kirchnerismo.
La mayor parte de los jueces y fiscales federales que accedieron a hablar con Infobae en estricto off the record, como así también renombrados abogados penalistas, creen que Cristina va a terminar presa y condenada, pero no antes de los juicios orales de las muchas causas que enfrenta; salvo que aparezca una prueba impactante o un “arrepentido” que la involucre directamente. Uno sola fuente -muy importante- puso en duda no las condenas que recibirá, sino que vaya a prisión.
Algunos funcionarios judiciales -los menos- trabajan en otro sentido:buscan encuadrar todas las conductas delictivas que se aplican a Cristina en los diferentes juzgados y unificarlas bajo el paraguas de la temida “asociación ilícita”, salpimentado con una reaparición de las investigaciones truncas en la era K de enriquecimiento ilícito de la ex Presidente. Esta tesis de la asociación tiene su inevitable referencia histórica en la detención que el entonces juez Jorge Urso hizo de Carlos Menem por la venta de armas. Fiscales como Guillermo Marijuan se inclinan por seguir esta alternativa, y no está solo: la Sala II de la Cámara Federal porteña (Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah), en una de las tantas apelaciones de la causa Báez, dieron a entender a los jueces que podrían intentar esa vía.
La razón por la cual la “asociación ilícita” aparece como una solución extrema pero letal obedece a que se trata de un delito importante y que podría significar la inmediata detención de la ex Presidente. Si bien no existe relación alguna entre esa caratula y una detención, el juez que considere que se está en presencia de semejante encuadramiento bien podría considerar que la ex mandataria obstruye la Justicia en libertad o podría pensar en fugarse. Las fuentes consultadas en el tercer piso de Comodoro Py dicen que uno solo de los 12 jueces federales podría llegar a avanzar en ese sentido y mencionan a Claudio Bonadio. “Decimos que puede, no que lo va a hacer. Nos llamaría mucho la atención que alguien haga algo así”, apuntan en el mismo piso.
Todas las miradas sobre la teoría de la unificación de todas las causas apuntan a Julián Ercolini, que justamente es quien más lejos va a llegar en estas semanas: todo Tribunales apuesta a que este magistrado va a procesar a Cristina en la causa de Vialidad Nacional (obras inconclusas y contratos a Lázaro Báez, que a su vez era el único proveedor que cobraba) después de que declare el 20 de octubre, lo que no significa más ni menos que eso: Ercolini no está persuadido de que pueden unirse todas las causas bajo un mismo paraguas y no parece estar a favor de aplicarle la “asociación ilícita” a la ex Presidente. Tampoco ve peligro de fuga ni obstrucción de Justicia. En síntesis: en la causa Vialidad-Obras Viales, Cristina Kirchner va a ser procesada e irá derecho a juicio oral, acusada de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles. Y quienes han visto el expediente aseguran que sería condenada.
La razón por la que el tercer piso de Comodoro Py no avala la teoría de la “asociación ilícita” es doble: por un lado, no creen que haya pruebas que expliquen que el gobierno kirchnerista se armó sólo para generar un grupo asociado destinado a delinquir; por otro, temen que tanto Casación Penal como la mismísima Corte Suprema ataquen el encuadramiento.
La causa anterior que complicó a la ex Presidente fue una sorpresa que no estaba en los cálculos de nadie: dólar futuro. El juez Bonadio la procesó junto a una docena de ex funcionarios, acusándolos de administración infiel en perjuicio de la administración pública. La Cámara ahora tiene que decidir si la sobresee – es la causa más débil que hay contra al Ex Presidente- o si, confirmándose el procesamiento, va a juicio oral.
El presunto lavado de dinero une las otras dos investigaciones clave que enfrenta Cristina: Los Sauces y Hotesur. Se investiga si el negocio hotelero santacruceño de la familia Kirchner era en realidad un pretexto para recibir de Báez dinero negro que venía en forma de “retorno” por las obras públicas concedidas. Hotesur está en manos de Ercolini, de ahí la tesis de que bajo su ejido debieran unirse todas las causas de la Ex Presidente.
La quinta causa que afecta a la líder del kirchnerismo es la del atentado a la AMIA y la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento de los iraníes. La Cámara Federal tiene que decir esta semana si reabre aquella denuncia del fiscal.
La opinión mayoritaria entre jueces, fiscales federales y abogados del foro es que lo más probable es que Cristina termine resultando presa como consecuencia de la acumulación de condenas en los sucesivos juicios orales originados en las causas que hoy investigan los jueces federales. La teoría de la acumulación no es abstracta y tiene un caso concreto: el de Ricardo Jaime, hoy detenido. Pero la cuestión es cuándo.
-“(Ariel) Lijo tiene cerrado (Amado) Boudou-Ciccone, la causa madre más importante en contra del ex vicepresidente desde hace casi dos años y todavía no hay noticias del juicio oral. Para los de Cristina falta mucho tiempo”, explica una alta fuente judicial.
-“Salvo que haya una decisión de que se aceleren las convocatorias de los casos que involucraran a Cristina, los juicios orales podrían no comenzar antes del segundo semestre del 2017 o en el 2018”.
– Entonces, ¿la ex Presidente podría ser candidata sin problemas el año que viene? Desde el punto de vista de la Justicia, en función de las condenas de los tribunales orales, sí. Ahora, ojo: para el segundo semestre del 2017 Cristina habrá sufrido varios procesamientos y hay que ver cómo juega eso. Por otro lado debemos recordar que Mauricio Macri fue candidato estando procesado (causa de escuchas telefónicas). Aunque es un terreno discutible, candidata puede ser. Pero ella dijo esta semana que no piensa en postularse.
-¿Y si está detenida? “Para que Cristina esté detenida antes de los juicios orales, algún juez federal debe considerar que está obstruyendo la investigación judicial o que hay peligro de fuga. Salvo Bonadio -lo menciono como una hipótesis, no digo lo que va a hacer-, hoy nadie en Comodoro Py piensa en detenerla mañana. Pero cuidado que eso depende de las pruebas. Si aparece un arrepentido o un video como el de la Rosadita involucrándola directamente, todo cambia en minutos”.
La trama se complica más cuando al plano judicial se la agrega la teórica situación de una Cristina electa legisladora en medio de la espera de los juicios orales. “Piense en si Ricardo Jaime hubiese sido candidato hace dos años”, explica otra fuente judicial que agrega: “Todo depende del Congreso, si la Cámara de Diputados y/o el Senado acepta el pliego de la ex jefa de Estado. Hay antecedentes de rechazo como ocurrió con Luis Patti”- Otro caso que se menciona es el de Ramón Saadi a finales de los noventa en el Senado.
Hay un dato que no debe pasarse por alto: se está hablando de que puede resultar detenida y recontra procesada una ex Presidente que tiene al menos 25% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires, tanto si elige competir por el Senado o por una banca de diputada. Y eso influye.
¿Y el Gobierno? Como se sabe, el macrismo -hasta lo han reconocido en público- sueña con una Cristina en libertad, por lo menos hasta las elecciones para que pueda ser candidata. En la Casa Rosada entienden -y razón nos les falta- que lo mejor que les puede pasar es otra campaña electoral con la ex Presidente como rival.
¿Significa esto que Comodoro Py sigue los deseos del Presidente? Aquí la narración debe detenerse en un dato obvio: los Gobiernos no operan en forma irregular y espástica a la Justicia. O tienen capacidad de operación -el menemismo y el kirchnerismo la tuvieron- o no la tienen. El fallo de la Corte Suprema contra el tarifazo del gas fue el mayor golpe político que sufrió Macri desde que es jefe de Estado.
¿Si la Casa Rosada maneja el Poder Judicial a su antojo porque también no lo hizo con la Corte? Respuesta: porque no lo maneja. Las internas propias (Carrió vs Angelici, las idas y vueltas de Ernesto Sanz, las apariciones y desapariciones de “Pepín” Rodríguez Simón, ex operadores de la UCR en la actual AFI, etc.) son obvias y tienen costos. Dos ejemplos hablan por sí solos: el Gobierno no tiene idea de como está avanzando el fiscal Federico Delgado en la causa Panamá Papers. Y Gabriela Michetti, después de cambiar abogado, tuvo que ocuparse personalmente de la causa que investiga el dinero robado en su casa el año pasado. ¿Dónde están los operadores que debieran proteger al Presidente y su vice?
¿Por qué Comodoro Py avanzó en forma avasallante y fulminante contra Cristina y una veintena de ex funcionarios K de febrero para acá? En las charlas con los protagonistas de muchas de esas situaciones se observan dos patrones:
-La Justicia federal debía recuperar la iniciativa perdida en los últimos años del kirchnerismo, tenía que “hacer algo”. El papa Francisco y Ricardo Lorenzentti mandaron mensajes privados y públicos de que debía avanzarse sobre la corrupción kirchnerista. “Lo que sorprendió fue la avalancha de causas y el impacto mediático. Pero si no hubiera qué investigar no pasaría nada”, dice otra fuente judicial. El comentario remite al inicio de todo: si el kirchnerismo no hubiese robado, no habría causas en Comodoro Py. Tan simple como eso.
-La aparición de pruebas. En esto sí el Gobierno tuvo que ver y en forma concreta: en tiempo récord se dio a jueces y fiscales los requerimientos judiciales de cada una de las reparticiones de la administración. Ese material fue y es fundamental para avanzar en las causas.
En las conversaciones, sobre todo con los jueces federales, no parece haber un discurso a tono con el macrismo. Inclusive la mayor parte de ellos no parece simpatizar mucho con el Gobierno. La ofensiva contra Daniel Rafecas -más allá de lo que piensen de él- o las menciones de que habría comisiones especiales que revisarían el trabajo de estos mismos jueces federales en el pasado reciente dejaron un sabor amargo. Hablan en términos jurídicos y su mundo se enfoca en encontrar pruebas que justiquen los delitos que imputan y que “la Cámara”, la Sala I (más K) y la Sala II (muy anti K) los termina avalando.
No les preocupan las manifestaciones políticas ni las críticas. Hasta parece que no se dieran cuenta de que en ese pasillo del tercer piso de Comodoro Py tienen en sus manos el destino de una de las políticas más influyentes de los últimos años. La que, a su vez, nombró o participó del nombramiento de muchos de ellos.
Fuente: Infobae
