Las palabras elegidas por Noelia Sosa fueron sencillas como si lo tuviera todo claro. “No fue culpa de nadie. Es mi vida. Soy yo. A Sebastián decile que lo amé hasta el último día de mi vida. Ojalá se hubiera dado cuenta”.
De esa manera, la mujer de 30 años, que se quitó la vida luego de que no quisieran recibirle una denuncia en la comisaría de Trancas se despedía de quienes conocían su historia de padecimientos. Dejó dos hijos huérfanos y a una familia sumida en la conmoción.
Sus familiares cuentan que su pareja, Sebastián Balegno, se encontraba en la puerta de la comisaría cuando ella intentaba realizar la denuncia. “La sacaron a empujones”, explicó ayer Carla Gongora, prima de la joven.
Cuando la mujer se retiró del lugar, tal vez masticando ya su decisión, a la comisaría habría llegado un oficial por pedido de sus superiores y fue quien tomó la denuncia que hizo Balegno. La situación terminaría como terminó, más allá de las especulaciones que se hacen acerca de si el oficial hubiera llegado antes cuando Noelia estaba en la comisaría.
“Perdoname mamá. No le encontré salida a mi vida y si te hubiera escuchado tantas veces, mi vida no estaría tan acabada. Decile a los chicos que los amo. Ojalá algún día puedan perdonarme”, redactó. Luego se ahorcó.
Ayer los vecinos de Trancas volvieron a realizar una marcha en reclamo por el esclarecimiento del hecho que tiene a todos conmovidos.
La visión de la Justicia
“Parece mentira que en los tiempos que vivimos se registre un caso de violencia institucional tan grave como este”, razonó el fiscal Carlos Sale .
El investigador aclaró que no hay ningún indicio de que se haya tratado de un femicidio. “El médico de Policía confirmó que la joven no tenía lesiones a simple vista y por eso recomendó la entrega del cuerpo para su inhumación. También tenemos la carta que ella dejó; quedaron aclaradas varias cuestiones”, destacó.
Sin embargo, Sale descartó que el expediente se haya cerrado. Anunció que esperará que le envíen todas las actuaciones realizadas por la Policía para remitir una copia a la Unidad Fiscal de Violencia de Género para que investiguen a Balegno, que es un reconocido productor rural de la zona, y otra a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos para analizar si no corresponde acusar de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a los efectivos de la comisaría de Trancas.
“A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una Unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno. Se habla en estos tiempos de la violencia institucional que aparece cuando han sido hostiles con la víctima o con quienes requieran la participación de la institución y esta no responde”.
