Una denuncia realizada de forma anónima, derivó en la intervención de la Fiscalía General Federal que conduce Antonio Gustavo Gómez en la investigación de un presunto fraude al estado provincial por el manejo de fondos en la cobertura de cargos docentes debido a que se intenta determinar el destino del dinero presupuestado. De confirmarse la existencia de alguna irregularidad esta se enmarcaría en el delito de “Defraudación a la Administración Pública” establecido en el artículo 174, inciso 5 del Código Procesal Penal.
“El hecho ilícito se circunscribe en que el presupuesto aprobado del año 2016 asignó una partida determinada para cubrir cargos docentes y no docentes en el ámbito educacional. Sin embargo, dentro de la planta funcional 2016 no se crearon los nombramientos suficientes para cubrir los cargos presupuestados”, explicó el fiscal Gómez.
En base a ello, para el funcionario aún existe incertidumbre respecto al destino de los fondos. “Por ahora no existe una ley o decreto que sirva para la reasignar la partida creada para la cobertura de esos cargos”, indicó a Tucumán Sin Filtro.
