La Justicia avanzó en la investigación por la supuesta venta ilegal de tierras fiscales en El Mollar e intimó al delegado comunal Jorge Cruz para que informe, en un plazo de 48 horas, quiénes están detrás del proyecto inmobiliario “Loteo Gaucho Castro”. Este emprendimiento es investigado por la comercialización irregular de terrenos pertenecientes al Estado.
El fiscal Miguel Varela también envió un oficio a la Casa de Gobierno dirigido al área de Recursos Humanos, solicitando información sobre posibles vínculos laborales entre Rafael Trujillo, señalado por los damnificados como uno de los responsables de las ventas, y Fernando Rogel, ex titular de la Oficina de Regularización Dominial y Hábitat. La investigación busca determinar si esta oficina y la comuna de El Mollar estuvieron involucradas en la maniobra.
Uno de los puntos clave en la causa es el aporte de pruebas de los compradores, quienes aseguran haber adquirido las tierras de buena fe. Sin embargo, algunos todavía defienden la versión de Juan Pablo Castro, el presunto titular del proyecto, a pesar de las sospechas sobre la autenticidad de los documentos que respaldan su propiedad. Castro, de 85 años, ha llamado la atención de los investigadores debido a la falta de coherencia en su supuesta participación activa en las operaciones.
El fiscal evalúa pruebas que apuntan a la posible falsificación de documentos oficiales, incluyendo la firma de Fernando Rogel, quien negó haber participado en estos trámites. Además, se investiga si existe una red organizada detrás de la venta ilegal, lo que podría llevar a una acusación más grave, como la de asociación ilícita.
La Justicia sospecha que otros empleados estatales podrían estar involucrados, lo que agregaría complejidad al caso. Fuentes judiciales señalan que las pruebas indican un esquema bien estructurado para lucrar con terrenos fiscales. El fiscal confía en que, a medida que los damnificados reconozcan su rol como víctimas, más personas aporten información clave.
