Este lunes la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó la audiencia de formalización de cargos contra un cabo quien, mediante falsas promesas de contactos y a cambio de dinero, prometía el ingreso de los aspirantes a la Policía de Tucumán.
El titular de la Fiscalía Especializada, Marcelo Leguizamón, estuvo acompañado por la auxiliar de fiscal, Agustina Abril, al momento de la imputación por el delito de tráfico de influencias en concurso real (por 17 hechos) y en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor.
A su vez, la investigadora describió las evidencias reunidas hasta el momento, en el marco de esta incipiente investigación, donde habría cerca de 40 víctimas. Asimismo, la Auxiliar de Fiscal solicitó la prisión preventiva por cuatro meses, teniendo en cuenta los riesgos procesales, entorpecimiento de la investigación y las pruebas que restan por producirse (entre ellos los desgrabados de las conversaciones, UFED de los teléfonos secuestrados y entrevistas testimoniales).
Al momento de dirigir unas palabras, el sospechoso negó los hechos y contactos. De acuerdo a la planilla de antecedentes se desprende un legajo sobre estafa y cohecho, que se encuentra en trámite.
“Estamos ante ilícito cometido por un funcionario público, empleado de la Policía de Tucumán, que cuenta con denuncias en su contra y la entrega de dinero por parte de los denunciantes, esto facilitaría la posibilidad de eludir el proceso y la pena como resultado, que se elevará a su máximo de cumplimiento efectivo”, afirmó Abril.
Finalmente, la jueza actuante validó, parcialmente, el requerimiento del MPF, por 45 días, y rechazó lo esgrimido por la defensa del imputado para la ejecución de medidas de menor intensidad (arresto domiciliario con morigeración a través de la pulsera electrónica).
Por lo tanto, la magistrada dispuso que sea alojado en el servicio penitenciario de Villa Urquiza.
La teoría del caso
Entre los meses de abril y diciembre de 2021, el empleado policial, que durante ese período se desempeñaba como cabo primero afectado a la patrulla motorizada de Banda del Río Salí, se contactó u ofreció para ser contactado por diversas personas, de las cuales solicitó y recibió dinero a cambio de hacer valer una supuesta influencia dentro del Gobierno de la provincia, más específicamente en el Ministerio de Seguridad y en la cúpula de la Policía, con la promesa de que funcionarios de dichas dependencias hagan ingresar en las fuerzas de seguridad provincial a estas personas, sin pasar por los procedimientos y cumplimientos de requisitos previstos para ellos.
Desplegando ese accionar y vía Whatsapp, mantuvo conversaciones con las víctimas donde las citó en distintos lugares, entre ellos, su propio domicilio en La Florida, departamento Cruz Alta, en playas de estacionamiento (correspondientes a un supermercado y de dos estaciones de servicio en Banda del Río Salí), como así también en cercanías de la comisaría de La Florida y del Hospital del Este.
En esas circunstancias, el individuo les pedía dinero, que oscilaban entre los 35 mil y 90 mil pesos, y posteriormente solicitaba otros montos para la compra de los uniformes.
Allanamiento y pedido de captura
Durante el allanamiento en el domicilio del imputado, se secuestró documentación, entre ellas, los comprobantes de viaje y alojamiento en un hotel de la ciudad de Mar del Plata.
Además, se hallaron teléfonos celulares y se procedió a peritar un auto gris, marca Peugeot, en el cual, y según las víctimas, se movilizaba. Seguidamente se dio aviso al Departamento de Inteligencia Criminal (D2) de la provincia, quienes se contactaron con sus pares de la ciudad veraniega.
El 6 de febrero se dirigió una comitiva para realizar, en forma conjunta con los efectivos de aquella localidad, una vigilancia en calle Alsina al 2300. Cerca de las 13:40 horas observaron salir una persona con las características similares, al del denunciado.
