Este lunes, la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch, incito al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto quien se comprometió a enviar al Congreso.
“La vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina estarán en riesgo mientras sigan existiendo graves restricciones al acceso al aborto legal y a la atención post aborto”, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 86 páginas, titulado “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, analiza las consecuencias del rechazo del Senado a un proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Human Rights Watch documentó casos de mujeres y niñas que, desde entonces, se han enfrentado a una serie de barreras para acceder al aborto legal y a la atención médica post aborto. Dichos obstáculos incluyen límites arbitrarios basados en la edad gestacional, la falta de accesibilidad y disponibilidad de métodos abortivos y el temor a la persecución penal, así como la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó: “Desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto de ley de 2018, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas”.
Desde la asunción del presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el mismo se ha manifestado públicamente a favor de despenalizar el aborto. Una de las primeras medidas que adoptó su ministro de salud fue actualizar y mejorar el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir el Embarazo”. Si este protocolo fuera implementado de manera adecuada y uniforme en todo el país, contribuiría a mejorar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Aunque la presentación del proyecto de ley se demoró debido a la pandemia de Covid-19, Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la presidencia, ha manifestado públicamente que el gobierno espera poder presentarlo este año.
Human Rights Watch entrevistó a 30 personas entre noviembre y diciembre de 2019, incluyendo mujeres y niñas que habían intentado acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, profesionales de la salud, abogadas y activistas que acompañan a quienes procuran acceder a abortos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Además, Human Rights Watch realizó entrevistas de seguimiento, solicitó información al gobierno argentino y analizó leyes y políticas, informes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, datos oficiales sobre salud y estudios en salud pública, así como publicaciones médicas y notas periodísticas.
En Argentina se aplica desde hace casi un siglo un “modelo de causales” establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. En todos los demás casos, el aborto es ilegal y punible con hasta 15 años de cárcel. La pena para quienes tengan abortos autoinducidos o den su consentimiento a esta práctica es de hasta cuatro años de cárcel.
Human Rights Watch documentó casos de mujeres y niñas cuyas situaciones se encontraban previstas dentro de las “causales” legales pero aun así tuvieron que atravesar numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención médica post aborto. Algunas de estas barreras son la falta de información pública sobre el alcance de las causales para acceder al aborto legal; centros de salud que imponen restricciones o tiempos de espera arbitrarios; profesionales de la salud que ilegalmente exigen la presentación de denuncias policiales u órdenes judiciales para dar curso al aborto en casos de violación; la falta de acceso a métodos seguros de aborto; y la falta de centros de salud cercanos que brinden servicios de aborto. La invocación de la objeción de conciencia por los profesionales de la salud también ha generado graves dificultades o demoras.
Mujeres, profesionales de la salud y activistas señalaron que la estigmatización y el temor a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales —y a los profesionales de la salud de brindarlos—, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal. Asimismo, mujeres y niñas enfrentaron abusos y maltratos, incluyendo actos crueles y humillantes, por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud.
El acceso al aborto legal y a la atención post aborto depende, en gran medida, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica, concluyó Human Rights Watch. La ausencia de reglamentaciones claras y homogéneas, o su falta de implementación en todo el país, ha dado lugar a una multiplicidad de prácticas que perjudican de manera desproporcionada a las personas con recursos limitados o escaso acceso a información sobre sus derechos.
A su vez, el confinamiento dispuesto para evitar la propagación de Covid-19 ha hecho más difícil obtener servicios de salud reproductiva. La necesidad de visitar múltiples centros de salud y viajar, a veces durante horas, para acceder a servicios de aborto también multiplica el riesgo de contagio.
La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura. Muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo.
Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 35 muertes causadas por abortos, las cuales representan 13 % de las muertes maternas. Muchas de estas muertes podrían evitarse.
Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. El 16 % tenían entre 10 y 19 años. Es muy probable que esta sea apenas una fracción del número total de personas gestantes cuya salud se ve afectada a consecuencia de abortos ilegales, puesto que la estigmatización y el temor a la persecución penal suelen disuadir a las mujeres con complicaciones de acudir al sistema de salud.
Diversas interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra varios derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano o degradante. Mientras se penalice el aborto en Argentina, las personas gestantes enfrentarán barreras injustas al intentar ejercer sus derechos, sobre todo aquellas que recurren al sistema de salud público y viven en provincias donde no hay reglamentaciones sobre el aborto o estas no son implementadas adecuadamente.
Argentina debe despenalizar el aborto en todas las circunstancias y regularlo de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes, señaló Human Rights Watch. Asimismo, debe asegurar que las mujeres, niñas y personas gestantes tengan acceso al aborto legal conforme a la legislación vigente y que los trabajadores de la salud no puedan invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público si ello genera dificultades o demoras para acceder a los servicios de aborto legal.
