De acuerdo a datos oficiales, en Argentina se comete un femicidio cada 33 horas. Por eso, se presentará hoy en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para declarar la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional.
Con esta iniciativa se busca disminuir el número de víctimas por violencia de género en el país, que en 2018 se cobró 259 vidas y en lo que va del 2019 se contabilizan 100 femicidios, según el relevamiento realizado por la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá).
En el estudio nacional, realizado por el observatorio de la organización a partir de publicaciones en medios gráficos y digitales entre el 1 de enero y el 20 de mayo, se precisa que se comete “un femicidio cada 33 horas”, estadística que ya dejó a unos “80 niños sin sus madres”.
El proyecto de ley consta de ocho artículos y como medidas prioritarias reclama la creación de centros de día y refugios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza, ya sea para la mujer o sus hijos.
Además, intiman al Poder Ejecutivo a dotar de presupuesto necesario al Instituto Nacional de las Mujeres para implementar la Ley Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.
También se solicita la creación del Programa de Independencia Económica y Habitacional para Mujeres Víctimas de Violencia, para garantizar una alternativa para ella y sus hijos; así como una asignación económica mensual para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género. Esta asignación sería equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y estaría a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Según el relevamiento de MuMaLá, en el 39% de los casos el femicida era pareja de la víctima, en el 25% una ex pareja, en el 17% un conocido, en el 11% un familiar y en el 7% un desconocido, mientras que el 1% restante “no presentó datos”.
