El Gobierno tiene previsto presentar entre abril y mayo próximo ante el Congreso el proyecto de reforma electoral que viene dialogando con sector políticos, judiciales y académicos, aunque el oficialismo se debate entre acotar el alcance de la propuesta o intentar ampliar la agenda, en tanto desde el Frente Renovador ya anticiparon críticas a parte de la iniciativa.
En diálogo con Télam, el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, confirmó que “entre abril y mayo” el Gobierno piensa estar en condiciones de enviar el proyecto una vez que termine de sintetizar lo conversado en las rondas de encuentros y, además, que defina hasta dónde impulsará los cambios.
Por un lado, el Gobierno quiere impulsar la boleta única electrónica (BUE), el cronograma electoral ordenado y el órgano electoral autónomo -prometido durante la campaña por Cambiemos- a la vez que nuevas medidas que se sumaron tras las rondas de diálogos, como la limitación a las reelecciones en todos los cargos, eliminación de colectoras y listas espejo y también la reglamentación del debate presidencial.
Pero por otro, algunos puntos no tienen el consenso que espera el Presidente para aprobar la reforma -algo que fue explícito el lunes pasado en el seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE)- o también son un desafío logístico (tener listas 120 mil máquinas electorales), por ello Pérez anticipó en diálogo con Télam días pasados que la ley contemplaría que sólo parte del país pueda votar con BUE en 2017 y que se postergue la creación del órgano electoral para 2019.
Desde el Frente Renovador -aliado necesario para aprobar la reforma ya que requiere una mayoría calificada de la mitad más uno del total de las cámaras- advirtieron las primeras críticas de parte de su vocero en el tema de reformas políticas, el senador provincial Sebastián Galamarini.
“Estamos de acuerdo en que haya dos o tres fechas para votar como máximo, pero no creo que sea de fácil implementación porque hay provincias que tienen desdoblado el calendario por Constitución. Además convocar comicios es una atribución de los poderes ejecutivos y sería en algún sentido atentar contra las autonomías municipales y el federalismo electoral”, dijo en diálogo con Télam.
Sobre la creación de un órgano autárquico que organice los comicios, el cuñado de Sergio Massa consideró que “hay que ir hacia otras reformas, como crear un fuero electoral específico en cada una de las provincias e intentar un sistema mixto que no sea ni totalmente exógeno ni que sea la Dirección Nacional Electoral que depende de Interior hoy por hoy”.
“Todavía no hay una mesa de diálogo en serio, hasta acá fueron sólo fotos. Con respecto a la BUE no tenemos posición tomada, pero creemos que no debería suceder la entrega o la privatización de la forma de votación y entregarle eso a una empresa. Hoy ya pasa algo así con Indra y el escrutinio provisorio y ahora ya lo harías también en la acción de votar”, opinó.
Galmarini -quien fue designado al interior del FR como el vocero y negociador en este tema- dijo que apoya la limitación de las reelecciones “en todos los cargos” pero llamó a “rediscutir el sistema de las PASO, que destruyeron los partidos políticos y termina favoreciendo a que gane el candidato más conocido. Se debe re-equilibrar el sistema partidario entre el conocimiento de los candidatos y la transparencia de las selecciones con la lógica partidaria y la meritocracia”.
En tanto, y luego de que el lunes pasado el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al clausurar un seminario organizado por la CNE se haya pronunciado por primera vez sobre sus dudas con respecto a un nuevo órgano electoral -y también manifestado el interés del Poder Judicial de sumar más poder y encargarse del escrutinio provisorio-, las posibilidades de que el instituto independiente sea creado antes de 2017 decayeron.
Pero todas las fuentes oficiales remarcan el interés del Gobierno en lograr la implementación de la BUE, cuya organización y logística estará a cargo del subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan.
En diálogo con Télam, Fernández Langan -quien viajó ayer a Salta junto a Pérez invitados por el gobernador Juan Manuel Urtubey para conocer la experiencia de la BUE salteña- aseguró que “el esfuerzo se está haciendo y si no llega habrá implementación parcial, pero el objetivo es que en 2017 se pueda aplicar a toda la Argentina”.
“Con la BUE el Estado garantiza el acto electoral y no vuelve a pasar que no esté la boleta en el cuarto oscuro. Y no sólo los partidos dejan de pagar de su bolsillo las boletas sino que mejora la capacidad de fiscalización, no harán falta tantos fiscales. Estás equilibrando la cancha”, enfatizó.
Por ahora, el equipo comandado por el ministro Rogelio Frigerio se aboca a sintetizar las opiniones recibidas, tiene previsto volver a reunirse con los partidos políticos y confeccionar el proyecto (que seguramente tendrá retoques en el debate parlamentario) para a más tardar mayo próximo, y una vez aprobado, comenzar la capacitación de los recursos humanos y la licitación de 120 mil máquinas de voto.
