Un joven de 21 años fue aprehendido por la policía en el barrio Cerro de las Rosas, en la zona norte de San Miguel de Tucumán, vinculado con el ataque a tiros en Villa 9 de Julio en el que una persona resultó con dos impactos de bala.
La madrugada del domingo, según testigos, el sospechoso bajó de un vehículo color negro y abrió fuego contra el frente de una vivienda ubicada en pasaje Sin Nombre, a la altura de Martín Berho al 600: allí se encontraba Luis Johnny Avila, quien terminaría siendo herido. Uno de los impactos fue en la zona lumbar por lo que debió ser derivado e intervenido de urgencia en el Hospital Centro de Salud. La víctima se encuentra en estado reservado mientras que el principal sospechoso quedó a disposición de la fiscalía interviniente.
Poco después del hecho, se vio un despliegue inusual de policías en toda la zona: los peritos levantaron vainas servidas que habían impactado en el frente de varias viviendas, poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos. Al lugar también acudió personal de laboratorio, Criminalística y Balística para realizar el estudio de campo mientras que equipos de policías del 911, Infantería de la Capital y los grupos CERO y GOMT también patrullaron la zona. No había sido un hecho más, desde luego.
El hecho sucedió en la zona que es dominio del llamado Clan Toro, quien mantiene su hegemonía en el lugar en la distribución de venta de sustancias. En los últimos años, el grupo mantuvo disputas en la calle con otras bandas emergentes en la pelea por lo que se denomina el “territorio”. El hecho podría ser un capítulo más de violencia luego de que trascendieran diferentes audios de amenazas entre los integrantes de diferentes bandas en represalia por el secuestro de una mujer.
De inmediato, el ataque fue vinculado a la disputa que mantienen el grupo con la familia Acevedo, teniendo en cuenta el secuestro perpetrado el martes pasado a Margarita Toro, quien sería liberada cinco horas después, tras ser golpeada por sus captores. Por el rescate de Margarita, su familia habría pagado la suma de 500.000 pesos y la mujer denunciaría luego a integrantes de la familia Acevedo como los responsables.
Sin embargo, el fiscal Pablo Camuña investiga la posibilidad de que el hecho pudiera haber sido consumado por otro grupo delictivo con la estructura y fuerza suficiente para realizar este tipo de secuestros. Dos hechos similares están bajo la lupa de Camuña vinculados con el secuestro de dos personas que tienen antecedentes por distribución y venta de drogas.
