Los familiares del hombre oriundo de Santa Cruz que falleció ahogado bajo el puente Central Córdoba por una inundación en diciembre del 2015, advirtieron que demandarán de forma penal a un funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y además iniciarán una causa en el fuero civil.
“Todos los funcionarios sabían que esa zona era un peligro y sin embargo no tenía señalización ni barreras. A pesar de que hace un año, dos meses y 20 días pasamos por eso, todo está latente”, reclamó Ana Yaffe, viuda de Hipólito Antonio Brozoski.
“La demanda por homicidio culposo no puede ser en contra la Municipalidad, sino que debe ser contra una persona física. Como no tenemos identificado al ex intendente Domingo Amaya o al actual mandatario Germán Alfaro como el autor de los hechos, nosotros intentamos querellar al responsable de que el sitio no tuviera la señalización que correspondía”, explicó el abogado de la familia, Marcelo Cena.
Es así que acusaron al jefe del Departamento de Señalización Vial, dependiente de la Dirección de Tránsito y Vialidad Pública Municipal, Emilio Roberto Dale, de homicidio culposo. Tras un año de instrucción en la causa, el fiscal de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar dictaminó el archivo de las actuaciones.
Brozoski manejaba la noche del 4 de diciembre de 2015 en su camioneta junto con su hija y una sobrina por Suipacha, y doblaron hacia el este por 24 de Septiembre. En medio de la tormenta, la corriente arrastró el vehículo hacia el desagüe bajo el puente ferroviario. El nivel del agua superó los dos metros. Eduardo Said Ale, que transitaba por el lugar, pudo rescatar a las dos mujeres. Brozoski, oriundo de Santa Cruz, murió ahogado.
Entre los pedidos de informes que constan en el expediente, Cena apuntó contra la respuesta del oficio de Dale, en el que aclara que se colocó la señalización, pero que “ha sido sustraída y repuesta constantemente, y que a la vez se informa verbalmente a la superioridad”.
“La justificación de Dale nos parece mentira. Porque dice que la cartelería ha sido sustraída y repuesta constantemente y que informan verbalmente cada situación. Cuando se sustrae un bien público tiene que quedar constancia documentada de eso. No puede informarse que se dio aviso a los superiores. Creemos que él es responsable. Sostengo que acá hubo un homicidio culposo porque se configura cuando un funcionario público incumple los deberes a su cargo. En este caso, el deber de la intendencia y sus funcionarios es cumplir con las leyes de tránsito”, expuso Cena. En la demanda informaron que, además de la camioneta de Brozoski, otros dos vehículos fueron arrastrados por la corriente pero sus ocupantes fueron rescatados.
“Después de lo que pasó recién se colocaron carteles de advertencia, señales con indicadores del nivel del agua estancada y carteles luminosos, pero esto se podría haber previsto antes. Han hermoseado el lugar por el Bicentenario (por las obras de remodelación de junio de 2015), pero no les importó el riesgo que corre la gente en ese lugar. Preparábamos con entusiasmo el casamiento de uno de mis hijos y se arruinó todo por un segundo de negligencia”, se quejó Yaffa.
La esposa de la víctima se quejó de la dirigencia política. Aseguró que un grupo de concejales se reunió con ella tras la tragedia pero que sólo buscaban un provecho político. “Vamos a insistir para que se reactive la causa penal y vamos a demandar en el fuero civil. No se puede archivar una causa sólo porque parezca que es una muerte más. No puede ser que nadie se haga cargo de todo lo que debería haberse hecho y no se hizo. Nadie en la municipalidad desconoció que eso es un peligro. ¿Quien te puede borrar lo que te tocó vivir? Paso por ese lugar y me destruye”, finalizó la mujer.
