El letrado contó que Toledo integraba el grupo de jubilados de la Plaza Independencia y le pidió su intervención. “Se trata de un caso emblemático. Acá no se le encuentra solución porque obviamente se produce un cuello de botella, que por más saque usted una sentencia firme y la va a querer ejecutar, el Estado se opone a nivel nacional. Saca una ley sobre la inembargabilidad de los fondos públicos, a la que adhirió la mayoría de las provincias y que es totalmente inconstitucional. No solo eso, sino que hay algo muy grave: viola la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en defensa de los adultos mayores que la Argentina firmó y ratificó por ley el Congreso o sea que es enormemente en violatorio”, manifestó.
González Fidani que preside la Asociación de Investigación y Desarrollo para la Integración y los Derechos Humanos, dijo que sobre la base de ese fundamento fáctico, hizo el planteo ante la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán, sala tres. “El fiscal me dio toda la razón, luego que me dieran la inconstitucionalidad. Pedí el embargo ejecutorio y actualmente se embargó por oficio la cuenta que tiene el Gobierno de Tucumán en el banco Macro. O sea que se respetó el estado de derecho y eso sentó jurisprudencia, lo cual puede ser invocado en cualquier parte del país, por las provincias y obviamente también defender un derecho que les corresponde a los jubilados y pensionados por el 82 móvil”, señaló.
Las chicanas
Hubo que seguir un sinuoso derrotero para llegar a esta última instancia. “Lo hablé a González Fidani cuando iba a las manifestaciones de la plaza porque él se ofreció para hacer el juicio y ahí empezamos hace como 20 años, una brutalidad todas las chicanas que ha puesto el gobierno… el juicio está ganado, con sentencia firme, que no puede ser revocada. Eso ya queda en manos del Estado cuándo va a pagar, no sé cuándo voy a cobrar, pero cuanto más se demore peor para ellos porque hay un interés diario y el monto se hace una pelota de nieve”, dice Francisco Toledo, el beneficiario.
El ex empleado bancario de 82 años sostiene que “desde que hemos iniciado el juicio, todo tiene que actualizarse: el sueldo, lo que deben y todo lo demás, ellos tienen que pagar el juicio. Soy jubilado provincial, transferido a la Nación, pero no me mandaron los papeles a la Nación. He cobrado algo del juicio, pero no me están pagando el 82% móvil de la persona que está trabajando. El último aumento que les dieron a los bancarios fue del 91%, antes ha sido un 94%, son cifras siderales que no reconocen. Yo me jubilé como contador del Banco Provincia, con la ley 5597, que es la del 82% móvil”.
Toledo padeció cáncer de próstata, es diabético y ahora una maculopatía se instalado en sus ojos. ¿Qué piensa hacer con la plata? “Quería arreglar la casa, pero es imposible, están tan caras las cosas… No quiero que me deba ni un peso el Gobierno; no sirven ni los que están en el Gobierno ni los de la contra, que hagan algo por nosotros, ni siquiera nos nombran, solo piensan en cómo llenarse el bolsillo y mandarse a mudar”, se indigna. “Ahora estamos intentando hacer una reunión de jubilados del interior del país para ver las posibilidades de hablar con todos y poner el conocimiento de que esto es un gran precedente para ellos también”.
