Sebastián González, presidente de la financiera Soramus S.A., fue imputado por estafar a sus clientes, causando un perjuicio económico estimado en 187 mil millones de pesos. Este miércoles, en una audiencia judicial, se ordenó su prisión preventiva por dos meses mientras se investiga su rol en las presuntas estafas que afectaron a decenas de personas en Tucumán.
La investigación comenzó en diciembre, tras una denuncia que impulsó una serie de nuevas demandas presentadas en la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Ciberdelitos I. En mayo, el fiscal Mariano Fernández, entonces a cargo del caso, dirigió allanamientos en dos sucursales de la financiera ubicadas en Lamadrid al 400 y al 600. Aunque González no fue hallado en ese momento, se incautaron documentos y dispositivos clave. Dos días después, el empresario se presentó ante la Justicia sin ser detenido.
La fiscal María del Carmen Reuter, quien asumió el caso en los meses siguientes, recibió más denuncias que complicaron la situación de González. Finalmente, el 22 de octubre, la Fiscalía ordenó un nuevo allanamiento en el que fue detenido en una vivienda del barrio privado Los Tipales. Al día siguiente, González fue imputado por estafa reiterada en al menos nueve casos, aunque las autoridades estiman que podría haber muchas más víctimas involucradas, ya que se recibieron cientos de denuncias adicionales.
Según la acusación de la fiscalía, González ofrecía contratos a clientes prometiendo reintegrar el capital con intereses, pese a saber que Soramus S.A. atravesaba una grave crisis financiera. La auxiliar de fiscal Paula Bellomío señaló que González “aparentaba ser solvente” frente a sus clientes, sabiendo que la empresa estaba en una situación económica crítica, y que incumplió los acuerdos cuando los clientes intentaron cobrar sus cheques.
Bellomío añadió que algunos afectados, entre ellos familiares y empleados de González, confiaron en él e incluso le prestaron dinero esperando que la situación se resolviera. Sin embargo, en septiembre de 2023, los cheques comenzaron a ser rechazados por falta de fondos, y para mayo de 2024 la deuda de la empresa alcanzaba los 187 mil millones de pesos.
En su declaración, González alegó que la crisis económica del país fue la causa de sus problemas financieros y se describió como “un empresario de bien” que simplemente no pudo soportar la difícil situación económica tras la pandemia. Su abogado, Alejandro Turbay, respaldó su declaración y afirmó que la investigación ha sido parcial.
A pesar de la defensa, la fiscalía solicitó que González permanezca en prisión preventiva por tres meses debido a la magnitud de la causa y la cantidad de denuncias, mientras los expertos contables realizan peritajes adicionales. Finalmente, el juez Guillermo Di Lella ordenó su prisión preventiva por dos meses, una decisión respaldada por los querellantes, quienes buscan justicia para las decenas de afectados.
