Las autoridades del Colegio Nacional están bajo la lupa de la fiscalía porque no informaron a la Justicia sobre cuatro alumnos que supuestamente realizaron amenazas de bomba, lo que llevó a evacuaciones y suspensiones de clases.
La fiscal Mariana Rivadeneira está manejando el caso en secreto. Una autoridad del colegio fue citada a los tribunales para explicar esta situación.
Según fuentes judiciales, el colegio hizo una investigación interna sobre una de las amenazas y, después de identificar a los autores (dos menores y dos adultos), los transfirió a otra escuela sin informar a la Justicia.
La directora del colegio confirmó esto ante la fiscal, diciendo que actuaron de esta manera para proteger a los alumnos, especialmente a los menores.
Sin embargo, la fiscal Rivadeneira les recordó que la Justicia debe tomar decisiones en casos de delitos, sin importar la edad de los implicados. Les pidió los expedientes de los sospechosos y advirtió que evaluaría si su conducta obstaculizó la investigación.
Este no es el primer caso de amenazas de bomba en el colegio. La madre de dos alumnos está detenida por una amenaza desde su teléfono, pero recientemente hubo controversia sobre su detención.
Rivadeneira también investiga a las autoridades del colegio San José de Calazans por no informar a la Justicia sobre una amenaza de bomba.
La fiscal advierte que es esencial que las escuelas informen sobre estos casos para evitar posibles procesos injustos y garantizar una investigación eficaz.
