Desde hace algunas semanas, la red de colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta) pasó a ser noticia nacional a partir de una nota que publicó la periodista Mariana Carbajal en el diario Página 12 donde desnuda una realidad que esconde situaciones de discriminación, adoctrinamiento, y discursos contrarios a leyes como la de Salud Sexual y Reproductiva, Matrimonio Igualitario, e Identidad de Género.
En una nueva publicación, se conocieron los montos de subsidio estatal que reciben estas instituciones, y la cifra es altísima: sólo en 2018 la red que agrupa a 22 instituciones recibió 445 millones de pesos en subsidios y donaciones del Estado, según figura en el último balance que presentó ante la Inspección General de Justicia, organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se encarga de fiscalizar a las asociaciones civiles.
En Tucumán, hay dos instituciones educativas pertenecientes a Fasta: el Colegio Reina de la Paz, de la Capital, que recibió un total de $16.889.965,71, y el Ángel María Boisdron, de Yerba Buena, que recibió 13.3403.565,74. Entre ambos suman más de 30 millones en un solo año.
La controversia acerca de estas subvenciones surgen mientras las redes sociales se inundan con testimonios de ex alumnos, alumnas y docentes que describen situaciones de bullying con aval o promovidos por docentes, contenido curricular discriminador hacia lesbianas, gays, trans, pero también episodios de abuso de poder y violencia sexual perpetrados por preceptores y religiosos.
Desde las instituciones negaron todas las acusaciones y lanzaron una campaña bajo el nombre “Yo Apoyo Fasta”. Niegan los miles de testimonios que dieron cuenta de la discriminación y el hostigamiento que sufrieron ex estudiantes durante su trayecto escolar.
Además, se escudan en el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que habilita a los colegios privados a adaptar los contenidos de la ESI a su “ideario Institucional”, y también en la “libertad de expresión” y de culto, para decir lo que dicen en sus aulas.
A raíz de esto, Fasta fue denunciada en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires por el Inadi para que se investigue si violó la Ley Antidiscriminatoria al imponer un adoctrinamiento homo y lesbofóbico y discursos de odio hacia el movimiento feminista. También la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación abrió una investigación preliminar a partir de testimonios de exalumnos volcados en redes sociales que dan cuenta de situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia sexual en sus diferentes colegios.
