Siento asco moral al ver que la impunidad continúa”, sostuvo la legisladora en alusión a una investigación periodística que sostiene que el empresario chubutense Cristóbal López mantendría una deuda de más de $8.000 millones con la AFIP.
A través de un comunicado, Carrió reclamó que la Justicia “avance en la causa por asociación ilícita contra Cristóbal López y los Kirchner y se investigue a (el ex director de la AFIP, Ricardo) Echegaray por la multimillonaria evasión impositiva”.
Según una investigación de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación, López no habría abonado a la AFIP ese millonario monto de impuestos que correspondían a su cadena de estaciones de servicio Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo.
Carrió apuntó que “la complicidad de Echegaray y los Kirchner con Cristóbal López para llevar a cabo esta maniobra de evasión es escandalosa”.
“Nos vamos a presentar ante la Justicia para solicitar que se impulse la causa por asociación ilícita y también ante la AFIP para que determine las complicidades que permitieron este fraude”, agregó la diputada y fundadora de Cambiemos.
Por último, advirtió que “la sociedad sigue pidiendo justicia, pero en la Argentina sigue rigiendo la impunidad y esto queda claro con Echegaray nombrado al frente de la Auditoría General de la Nación”.
El caso
De acuerdo con la investigación del matutino, la deuda con el organismo recaudador proviene del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que el empresario nunca habría enviado a la AFIP.
Este canon es el que deben pagar las estaciones de servicio, en el caso de López Oil Combustibles, cada vez que despachan nafta. De cada $14 por litro que cobran, el 26% ($4) debe ser girado a la AFIP.
Según reconstruyeron en el matutino, López y su socio Fabián de Sousa habrían fondeado Oil Combustibles con el ITC por $6.065 millones de junio de 2015 y el resto de la deuda corresponde al ITC que no pagaron desde entonces con lo que ascendería a $7.400 millones.
Existen otros $600 millones en impuestos que también habrían retenido otras empresas del conglomerado. La sospecha, indicó La Nación, es que emplearon los $8.000 millones para ampliar el conglomerado de empresas que posee el Grupo Indalo.
