En una sesión que duró poco menos de cuatro horas y en la que no se registraron discusiones entre los legisladores, el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria por unanimidad con 66 votos a favor.
Si bien en el cierre del presidente del bloque del PRO Luis Naidenoff se registraron algunos cruces, sobre todo con el senador peronista José Mayans, el proyecto se aprobó con unanimidad.
La primera senadora en hacer uso de la palabra fue la salteña Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, quien dijo que “esta sesión es una oportunidad para que quienes tiene la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso“.
La santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, apuntó contra la política económica y sostuvo que “estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la Argentina una y otra vez en estas situaciones de emergencia“.
A su turno, el formoseño José Mayans, del bloque Justicialista, anticipó que votará a favor del proyecto pese a no estar de acuerdo porque, según dijo, “el 80%” de los fondos destinados a la emergencia “se lo lleva la ciudad de Buenos Aires“.
Por su parte, el presidente del bloque Justicialista dijo que “el hecho de que Argentina se encuentre en esta situación es una verdadera tragedia si tenemos en cuenta la potencialidad de nuestros recursos naturales y la potencialidad en la producción de alimentos”. “Es una circunstancia trágica que Argentina le venda alimentos a 400 millones de personas en el mundo y que no sepamos cómo resolver el hambre de 15 millones de argentinos“, agregó.
En esa línea, dijo que “no hay soluciones mágicas” y resaltó que “más allá de quien gobierne, la única solución pasa por generar que la Argentina crezca”.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año. Establece un “incremento de emergencia” como mínimo del 50% “de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición“.
