La decisión de la intendenta Rossana Chahla de anular las recientes designaciones de personal realizadas por Germán Alfaro generó controversia en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Cerca de 1,700 empleados, ingresados entre el 1 de septiembre y el 27 de octubre, quedarían sin función, provocando protestas frente a la sede municipal.
El concejal oficialista José María Franco defendió la medida, destacando los esfuerzos de Chahla ante lo dejado por la gestión anterior. Subrayó la falta de transparencia en la administración anterior y anunció una auditoría para evaluar el personal y los recursos disponibles.
Franco criticó el “desastre” encontrado en la Municipalidad, acusando a la administración anterior de operar con “amateurismo”. Afirmó que Germán Alfaro tenía autorizado 4,300 empleados, pero la auditoría reveló 6,500 en planta permanente, con denuncias de recategorizaciones y aumento de gastos.
El edil oficialista sugirió que los movimientos de Alfaro tienen motivaciones políticas, acusándolo de preparar un “golpe institucional” contra la intendenta Rossana Chahla.
Desde la oposición, el edil radical Federico Romano Norri expresó preocupación y llamó a evaluar cuidadosamente el recorte, instando a no afectar a los trabajadores. Propuso que cualquier recorte debería dirigirse a la política en general y no a los empleados. Advirtió sobre posibles decisiones políticas detrás del recorte y se comprometió a ser reaccionario en caso de arbitrariedades.
Se espera que una comisión en el municipio evalúe cada caso puntual de designación anulada, mientras persisten las tensiones entre las posturas oficialistas y opositoras en el Concejo Deliberante.
Fuente: La Gaceta
