Las denuncias a la línea 134 por el manejo irregular de los planes sociales se multiplican a diario, revelando casos donde jefes piqueteros pedían hasta la mitad del dinero entregado por el Estado. En Tucumán, esta práctica ha puesto a los líderes piqueteros en la mira.
Uno de los casos más destacados en esta provincia fue ingresado a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La denuncia apunta a dos referentes de la organización “La 25”, con sede en la capital salteña: Paola Aguado y su marido Jorge Ríos. La denunciante afirmó que estas personas le exigían a su madre hasta el 50% del plan Potenciar Trabajo durante un año. Sorprendentemente, muchos de estos “aportes” se realizaban por transferencia bancaria, lo que facilita la investigación.
La denuncia incluye conversaciones de WhatsApp y audios que exponen el mecanismo extorsivo. Los aportes mensuales iban directamente a las cuentas bancarias de los denunciados o de sus familiares. La víctima mandaba los comprobantes de cada transferencia, incluyendo detalles como los montos, el CUIT del destinatario y el número de cuenta en el Banco Nación. Ríos utilizaba una cuenta a nombre de un joven de 19 años, identificado como N.M.R., para recaudar el dinero.
En uno de los audios, se escucha a uno de los extorsionadores recriminando a la víctima: “Usted nos jugó chueco a nosotros”. En otro audio, una mujer le informa a la víctima sobre el pago del aguinaldo y cómo se dividirían los montos. Los extorsionadores trataban de convencer a la víctima de seguir haciendo los pagos.
El caso es parte de una mega causa a cargo del juez federal Ariel Lijo, que incluye más de 1,000 casos similares. Esta causa también abarca denuncias sobre marchas organizadas por grupos sociales desde la asunción de Javier Milei, como la del 22 de diciembre del año pasado y la del 24 de enero durante el primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Además de Tucumán, las denuncias se extienden a otras provincias y se están investigando en varios juzgados federales. Lijo decidió quedarse con los más de 1,000 casos entregados por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, mientras que otras denuncias están siendo investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita en la Capital Federal.
Entre las denuncias se encuentra la de Cecilia Elisabeth Acuña, quien se quedaba entre 5,000 y 10,000 pesos de un plan de 25,000 pesos, es decir, más del 20%. Los chats de WhatsApp aportados como prueba muestran cómo Acuña exigía a los beneficiarios que realizaran las transferencias y enviaran los comprobantes.
La investigación está en pleno desarrollo, con informes de cuentas y declaraciones testimoniales en curso. La causa busca determinar quiénes eran los responsables de las amenazas y cómo operaban estas redes de extorsión vinculadas a los planes sociales.
Fuente: Infobae
