El Gobierno Nacional reconoció oficialmente que el asesinato del Capitán Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), constituye un crimen de lesa humanidad. La decisión fue tomada a través de un acuerdo de solución amistosa en la Cancillería, revirtiendo la postura anterior del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
María Fernanda Viola, hija del capitán y sobreviviente del ataque, expresó su satisfacción con este reconocimiento en una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, donde destacó que el gobierno de Javier Milei tomó una postura diferente a la de administraciones anteriores, a las que acusó de negar justicia a las víctimas. En su mensaje, Viola recordó que el ataque ocurrió durante un conflicto armado interno y que el propio ERP lo admitió públicamente, lo que refuerza su carácter de crimen de lesa humanidad.
El atentado, ocurrido en plena democracia, dejó como saldo la muerte del Capitán Viola y su hija de tres años, mientras que María Fernanda, que tenía cinco años en ese momento, resultó gravemente herida. Tras el ataque, el ERP reconoció que la muerte de la niña fue “un exceso injustificable”.
El gobierno también se comprometió a impulsar un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por organizaciones terroristas. Con la homologación del acuerdo por parte de la CIDH, la familia Viola buscará llevar a la justicia a los responsables directos e indirectos del atentado que aún no han sido juzgados.
