En la localidad de Aguas Blancas, Salta, el gobierno argentino planea instalar un cerco de alambre de 200 metros en la frontera con Bolivia para frenar el paso ilegal de personas y el contrabando. La medida forma parte del Plan Güemes, impulsado por el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, y será financiada por la provincia de Salta con supervisión de Nación.
El cerco se extenderá desde la terminal de colectivos hasta la oficina de Migraciones, en una zona conocida por su actividad irregular. Según el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el objetivo es obligar a las personas a pasar por los controles migratorios y evitar que utilicen caminos alternativos no supervisados. El alambrado estará ubicado dentro del murallón preventivo que protege la zona de las inundaciones del río Bermejo.
Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, explicó que, a diferencia del lado boliviano, donde hay controles estrictos, en el lado argentino no existía una delimitación clara. Desde diciembre pasado, efectivos de fuerzas federales han reforzado la vigilancia en la zona.
Sin embargo, la medida generó preocupación en Bolivia. La cancillería boliviana expresó que las decisiones fronterizas deben tomarse mediante diálogo bilateral y no de forma unilateral, ya que podrían afectar la convivencia pacífica entre ambos países. Además, el ministro de Justicia boliviano, César Siles, afirmó que la iniciativa podría violar tratados internacionales y pidió a organismos como Naciones Unidas y la OEA intervenir.
El Plan Güemes, en el que se enmarca esta obra, busca combatir delitos federales en la frontera norte, como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. También incluye el despliegue de 310 efectivos federales, mayor presencia en áreas críticas como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “Ruta de la Droga”, y el fortalecimiento de las capacidades de análisis criminal para desarticular redes delictivas.
