El Gobierno argentino oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el decreto 959/24, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La medida establece que ningún familiar o cónyuge de un empleado estatal fallecido podrá ocupar su puesto en reemplazo, reafirmando el principio de igualdad y la idoneidad como únicos requisitos para el acceso a un cargo público.
El decreto señala que “no se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional… ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios”, eliminando esta práctica para todos los tipos de contrataciones. Según el Gobierno, esta medida es un paso más en la estrategia de reducción del tamaño del Estado, encabezada por el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, quien destacó en un comunicado que ya se ha logrado un recorte del 15% en la planta de personal y que se exigirá la jubilación a empleados en edad de retiro.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el propio Sturzenegger habían anunciado la decisión en una conferencia de prensa, calificando los cargos hereditarios como un “ilógico privilegio” que colocaba a los empleados públicos por encima de otros trabajadores. El comunicado también recordó que, aunque ya se había intentado erradicar esta práctica en el pasado, fue restablecida en algunos sectores, como en el Banco Central, donde se eliminó en 2018 pero se volvió a incluir en 2022.
Con esta medida, el Gobierno busca asegurar que el ingreso a la administración pública sea exclusivamente por méritos, en línea con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento”.
