El Gobierno de Tucumán, a través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer presuntas incompatibilidades e incumplimientos relacionados con la percepción ilegítima de beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo. La medida surge como respuesta al Oficio del Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la suspensión del pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares del programa en todo el país, señalados por incompatibilidades.
La investigación busca determinar responsabilidades en agentes de la Administración Pública Centralizada, abarcando Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales y ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Preliminarmente, se han identificado 956 presuntos casos de incompatibilidad en diversas instancias gubernamentales.
El decreto instruye a la Dirección General de Recursos Humanos y a los Ministros de Educación y Seguridad para que, en 30 días, presenten Conclusiones Finales y eventual Capítulo de Formulación de Cargos. La medida busca esclarecer los hechos y garantizar transparencia en el manejo de programas sociales en la provincia.
El fiscal Marijuan cruzó datos del programa con planillas de empleados públicos en 14 provincias, resultando en la baja de personas que, según la investigación, recibían una contraprestación adicional al beneficio de Potenciar Trabajo. La Resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de las personas afectadas, totalizando 418 páginas.
Las presuntas incompatibilidades se originaron durante la gestión gubernamental que concluyó el 29/10/2023, según especifica el decreto. Las eventuales sanciones pueden variar desde apercibimientos hasta cesantías.
Fuente: La Gaceta
