La Legislatura de Tucumán busca combatir la ludopatía infantil con un dictamen unificado que modifica dos leyes relacionadas con el juego, incorporando medidas específicas para la era digital. Tras un trabajo conjunto de las comisiones de Salud y de Adicciones, el proyecto está listo para tratarse en la próxima sesión del jueves 21 de noviembre.
El vicegobernador Miguel Acevedo se reunió con Gabriel Yedlin, presidente de la comisión de Salud, y el legislador Hugo Ledesma para ultimar detalles sobre las modificaciones a las leyes 6.274 y 8.986, que tienen a la Caja Popular de Ahorros como autoridad de aplicación. Estas actualizaciones incluyen la incorporación de la virtualidad en la regulación del juego, una de las preocupaciones principales debido al acceso de niños y adolescentes a juegos de azar online.
Entre los cambios más destacados, el dictamen propone bloquear el acceso a sitios de apuestas y juegos de azar en establecimientos educativos, oficinas y dependencias estatales mediante restricciones a las direcciones URL e IP de dichas páginas. Además, busca regular las salas de juego tradicionales y los portales online para fomentar el juego responsable.
Yedlin destacó que la ludopatía infantil, como parte de las adicciones sin sustancia, afecta la salud mental y necesita atención urgente. “Hoy la virtualidad es un ámbito real de nuestra vida, y por eso es importante adaptar las leyes para proteger a los más jóvenes”, afirmó. También señaló que se incluirán herramientas como la autoexclusión en plataformas digitales y campañas de concientización.
El dictamen también propone la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje de la Ludopatía, dirigido especialmente a niños y adolescentes, con el apoyo de una mesa interministerial que involucre a las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social, Seguridad y la Caja Popular de Ahorros. Este programa tendrá como objetivo desarrollar campañas educativas y prevenir el desarrollo de esta adicción en los menores.
Con estas medidas, la Legislatura busca modernizar las leyes vigentes y enfrentar un problema que afecta a familias en toda la provincia. Además, invita a los municipios a adherirse a esta normativa en un plazo no mayor a un año desde su promulgación.
