La Legislatura tucumana volverá a ser el escenario de debate sobre la crisis del transporte público de pasajeros.
La idea del vicegoberandor Osvaldo Jaldo es que el bloque oficialista trabaje en un proyecto de ley que unifique al transporte, bajo la figura de un ente multisectorial. La meta es que Tucumán cuente, a partir de 2020, de una norma integral que regule a colectivos urbanos, interurbanos y rurales.
En mayo de 2018 la Cámara legislativa declaró el estado de emergencia por dos años (prorrogables por otros dos, a criterio del PE) en el servicio de ómnibus en la provincia. En medio de una polémica por los cambios en el régimen de subsidios nacionales y para evitar despidos, el Gobierno aceptó girar $ 20 millones por mes a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). En diciembre pasado, el monto mensual fue llevado a $ 130 millones.
Además del paro de la semana pasada por parte de UTA-Tucumán, hubo una medida de fuerza el viernes dispuesta por el gremio de los choferes a nivel nacional. Y en Jujuy se extenderá la huelga por tiempo indeterminado.
Ante este escenario, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte que encabeza Guillermo Dietrich, emitió un comunicado sobre el tema.
En el texto se asegura que “el Gobierno nacional transfirió a los gobiernos locales los recursos para el financiamiento de colectivos. A partir de la Adenda Fiscal desde este año, las provincias cuentan con los recursos para el transporte. Es su decisión dónde los destinan”, destaca el comunicado.
Así, sostiene la Nación, se destinan $ 8.700 millones para los sistemas de colectivos en el interior del país. “La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires también son responsables de sus colectivos. En ellas hoy funciona el transporte porque cada gobierno local incrementó subsidios para cubrir la paritaria”, añade.
