Una pareja que violó el aislamiento obligatorio al retornar desde el exterior a Tucumán acordó entregar un resarcimiento económico al Ministerio de Salud y donaciones al Hospital Avellaneda, para evitar un juicio penal.
El Ministerio Público informó que la causa, calificada “violación de aislamiento obligatorio por arribo al país residente”, fue resuelta este lunes con la intervención de la Unidad Fiscal de Enfermedades Sanitarias, dirigida por Carlos Picón y Mariana Rivadeneria, concretándose la suspensión del juicio a prueba por el término de doce meses.
Las personas imputadas deberán abonar cada una, resarcimientos económicos que deberán ser depositados a favor del Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán. Además, tendrán que realizar donaciones a la Cooperadora del Hospital Avellaneda, fondos que deberán ser destinados a la adquisición de productos e insumos médicos descartables. La verificación de la acreditación de las donaciones impuestas y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta se hará mediante la Oficina de Control de Probation del MPF.
Las fuentes judiciales destacaron la celeridad con la que se resolvió el caso, que se efectivizó en pocos días. El 30 de marzo, el fiscal Picón recibió, vía email oficial del Ministerio Fiscal, la propuesta de suspensión de juicio a prueba. De inmediato requirió a los imputados, por el mismo medio, la ratificación o rectificación del pedido. La propuesta fue confirmada mediante videoconferencia. La probation fue notificada a las partes el pasado lunes 7 de abril.
Los voceros judiciales indicaron que se trata de una pareja que había regresado del exterior y fue sorprendida incumpliendo el aislamiento obligatorio dispuesto por los Decretos Presidenciales 260/2020, 297/2020 y 01 del Poder Ejecutivo Provincial.
El fiscal Picón señaló que en el marco del programa “Nadie en las calles”, diagramado por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, se dispusieron operativos con la policías y fuerzas de seguridad nacional. En los mismos, Auxiliares de Fiscales y el personal policial, realizan actas de constatación de los domicilios, recaban diversos datos y comunican a las personas que deben cumplir la cuarenta.
Una intervención de este tipo, realizada el 19 de marzo en un barrio cerrado, fue la que inició este proceso. “En el momento en que un funcionario judicial y la policía hablaban con el hijo de una pareja que debía estar cumpliendo con la cuarentena, estos ingresaron en un vehículo al barrio privado. En ese mismo acto se les hace la lectura de sus derechos y se les puso en conocimiento de que iban a declarar como imputados a través del sistema de videoconferencia, lo cual se concretó en el día fijado”, explicó Picón.
