El Ministro Fiscal Edmundo Jiménez denunció al Presidente de la Corte, Antonio Gandur, por interferir en una causa contra su hijo. Esta polémica denuncia se dio después de que Gandur pidiera que se apuren las causas “Lebbos”, “Brito” y “Teves”.
“El Ministerio Público ha dictado una resolución a consecuencia de una presentación realizada por el fiscal penal Washington Navarro Dávila porque en una causa en la que él investiga a magistrados, entre ellos el hijo del presidente de la Corte, el doctor Antonio Gandur tuvo actitudes de intromisión y de entorpecimiento. Se expresa en la resolución que el titular de la Corte ha invocado su título, su cargo al frente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, para tener conocimiento y acceso en la causa”, acusó Jiménez ante los medios en su despacho en los Tribunales Penales.
El nuevo enfrentamiento entre el ministro Fiscal y el titular de la Corte se produjo a raíz de la demanda por la concesión de la Línea 11. El empresario de colectivos Jorge Mihelj había denunciado a comienzos de año a los jueces de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Salvador Ruiz y Horacio Castellanos de presunto prevaricato y abuso de autoridad, por haber rechazado un recurso de revocatoria a una medida cautelar. La medida había restituido la concesión a la empresa Inverbus SA, de Oscar Alonso, luego de que la Municipalidad de la capital le concediera la explotación de la línea de manera precaria a Leagas SA, que preside Mihelj y que integra con el empresario Jorge Berreta (encabeza una UTE que explota la Línea 10).
“El vocal de la Corte Antonio Gandur tendría una vieja y entrañable relación de amistad y de intereses con los representantes de la firma Inverbus SA, ya que él fue en su momento síndico y accionista de la firma Ferrocarriles Sur SA mientras que su director y presidente era Héctor Alonso. Se da la sorprendente casualidad de que Sergio Gandur sigue siendo parte de la firma societaria que conformaba la UTE que explotaba junto a la familia Alonso el servicio de la Línea 11”, había indicado Mihelj en la denuncia.
El fiscal de la causa, Navarro Dávila, remitió a Jiménez un expediente en consulta en el que sostiene que Antonio Gandur busca “entorpecer el trámite”, mediante “reiteradas presentaciones en las que se arroga facultades de parte y pretende recusarme con argumentos falaces”.
Jiménez aseguró que su deber es interceder para garantizar que los fiscales trabajen sin presiones. “Conforme lo expone (Navarro Dávila) el presidente de la Corte no es parte en dicha investigación pero intenta tomar conocimiento de la causa en la que es denunciado su hijo. Técnicamente hizo uso de herramientas procesales, tales como una recusación y una oposición a un decreto fiscal, que deja entrever su clara intención de asumir un rol -mediante un inexistente derecho propio- con argumentos reiterados e insistentes de que la acción penal se encuentra dirigida en su contra”, expresó Jiménez en la resolución emitida el lunes. Y agregó: “este Ministerio advierte que estamos ante una clara extralimitación de las funciones de parte del referido miembro de la Corte, por cuanto procura tener acceso a la causa en la que se encuentra denunciado su hijo, Sergio Gandur, mediante la utilización de su cargo como miembro de la Corte Suprema”.
Consultado sobre si las presiones denunciadas públicamente constituyen un delito, el jefe de los fiscales bajó el tono a las declaraciones. “Eso vamos a verlo después de que el fiscal Navarro Dávila esté en condiciones de remitir las actuaciones a este Ministerio, para saber en qué condiciones está. Se tomarán las medidas que correspondan jurisdiccionalmente: o denuncia ante fiscalía si hay delito o de conocimiento a la Corte para que corrija estas malas prácticas procesales”, finalizó.
La resolución de Jiménez se emitió a una semana de que Gandur haya pedido que se eviten dilaciones en tres causas penales: “Lebbos”, “Brito” y “Teves”. En cada investigación, el titular de la Corte había reflejado el malestar del padre de la víctima, Alberto Lebbos; de la denunciante de irregularidades en una dependencia provincial, la senadora radical Silvia Elías de Pérez; y de la imputada Roxana Teves. Había encomendado una actuación célere a los jueces intervinientes.
