Dos ex integrantes del Polo Obrero denunciaron que la organización les cobraba una “cápita” del 2% de su plan social y los obligaba a asistir a las marchas para poder acceder a la comida.
Las víctimas, Rozy Giménez, ex delegada, y Miguela Vera, ex beneficiaria, relataron que el dinero extorsionado era utilizado para pagar camiones y alquileres de locales. Además, aseguraron que eran amenazadas con cortarles el plan si no pagaban o no asistían a las marchas.
El comedor “Pavimento Alegre”, en Villa Zabaleta, figuraba como un centro de distribución de mercadería del Estado, pero en realidad funcionaba como un negocio ilegal. Los beneficiarios que no podían pagar la “cápita” no podían retirar la comida, incluso si ya la habían pagado con sus impuestos.
Esta denuncia se suma a otras que ya se habían realizado contra el Polo Obrero por mal uso de fondos públicos. Es importante que se investigue a fondo este caso y que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de abusos no vuelvan a ocurrir.
Las víctimas se mostraron aliviadas de que la verdad haya salido a la luz. “La verdad, yo nunca me alegro de la desgracia ajena, pero ya se lo merecían, ya era hora, porque se habían reído de tanta gente que necesita”, dijo Giménez.
