La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán juzgue la presunta compra de votos ocurrida en 2010 en la Universidad Nacional de Tucumán.
Los jueces porteños Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa desestimaron la sentencia que habían dictado sus pares locales Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla (Alicia Noli disintió), quienes en 2017 se habían declarado incompetentes para enjuiciar al ex secretario de Bienestar de la UNT, Ramiro Moreno, y a Damián Conde, empleado no docente del Teatro Alberdi. En virtud del fallo, el TOF deberá presidir el debate del supuesto cohecho.
El expediente llegó a Casación en virtud de los recursos que interpusieron el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la querella. Mientras que Figueroa consideró en minoría que el recurso debía ser desestimado por razones formales -y, por ende, quedar en pie la tesitura del TOF-, Barroetaveña y Petrone acogieron las impugnaciones. Este último expresó que la sentencia de Casas y Jiménez Montilla, si bien no era una sentencia definitiva, ni una decisión que pusiese fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, debía ser casada porque el daño podía resultar irreparable.
Petrone añadió que los jueces del TOF habían definido que el supuesto delito era de naturaleza electoral y, por ende, excedía la competencia del estrado cuando ya había precluido la instancia pertinente para cambiar la calificación legal de los hechos. “El cambio de calificación había sido rechazado tanto por el juez federal instructor como por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”, observó.
Moreno y Conde fueron acusados de haber ofrecido contratos de trabajo por el valor de pesos de $ 2.500 (U$S 625 según la cotización de la divisa en 2010) mensuales a Jorge Gustavo Pedraza y Esteban Alejo Gallo con la finalidad de torcer o, en su caso, asegurar de manera ilícita la voluntad electoral de estos, en los comicios de rector y vicerrector de la UNT de 2010. Según la Justicia Federal, los coimputados habrían pretendido, mediante la dádiva de contratos, comprar votos para dichas elecciones.
El suceso fue captado por una cámara oculta. El sábado 8 de mayo de hace nueve años, 10 días antes de la conformación de la Asamblea Universitaria para renovar las autoridades del Rectorado en el período 2010-2014, Moreno, Conde, Pedraza y Gallo se encontraron para tomar un café en el bar de un hotel de la zona del parque 9 de Julio. Un video captó la conversación en la que el ex secretario de Bienestar Estudiantil le ofrecía a Gallo contratos en la universidad por $ 2.500 mensuales a cambio de que votara por la fórmula que integraban el entonces rector, Juan Alberto Cerisola (que buscaba la reelección), y la ex vicerrectora y luego rectora, Alicia Bardón.
