Según la acusación, tres hombres fueron imputados por un plan que idearon en julio. Su objetivo era engañar a personas que alquilaban temporariamente sus propiedades.
Los acusados se ponían en contacto con los propietarios para alquilarles sus propiedades y luego fingían realizar una transferencia bancaria. Sin embargo, enviaban un comprobante bancario falso que incluía los datos de las cuentas de las víctimas. Esto hacía que los propietarios entregaran las llaves de las propiedades a los estafadores.
Una vez dentro de las propiedades, en algunos casos, los hombres aprovechaban para robar objetos de valor, como electrodomésticos, refrigeradores y televisores de pantalla plana. Esto causaba pérdidas económicas a los propietarios, ya que no solo no recibían el dinero del alquiler, sino que también les robaban sus pertenencias.
A solicitud del Ministerio Público Fiscal, se realizó una audiencia legal contra los tres hombres acusados de cometer estafas repetidas. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, representada por la auxiliar de fiscal Julieta Molé, pidió medidas restrictivas más severas por seis meses para los acusados. La jueza aceptó parcialmente esta solicitud, otorgando 90 días para uno de los acusados y 32 días para los otros dos.