Un policía fue detenido con prisión preventiva por dos meses y se cerró un grupo virtual donde se compraban y vendían videos, fotos y servicios sexuales, integrado por miles de tucumanos. Estos fueron los primeros resultados de la valiente actitud de una joven que, tras sufrir un abuso sexual, descubrió que su atacante la había difamado de la peor manera.
En marzo, la joven fue forzada a tener relaciones íntimas con un policía, con quien había tenido una relación pasajera años atrás. Poco después, empezó a recibir mensajes de desconocidos que le pedían servicios sexuales. Descubrió que sus datos de contacto estaban en un grupo de Telegram llamado “Contenido Tucumán” y que su abusador los había publicado como venganza.
La joven realizó una denuncia en la seccional 1ª y fue trasladada a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Inicialmente, la justicia definió el caso como calumnias y lo archivó. Sin embargo, la víctima contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, donde le aconsejaron presentar una nueva denuncia con las pruebas que había reunido.
La joven acudió al Ministerio Público para realizar una nueva denuncia, pero no se había determinado qué fiscalía se haría cargo de su caso debido a una reestructuración. Decidió hacer pública su situación, lo que finalmente logró que la justicia interviniera.
El martes, la fiscalía de Augusto Zapata se comunicó con ella, y el miércoles, con el respaldo de los abogados Agustina Recalde y Patricio Char, la joven denunció el ataque y expuso sus pruebas. La fiscalía solicitó un allanamiento y la aprehensión del denunciado. El personal de Trata, comandado por los comisarios Marcelo Soraire y Florencia Rodríguez, detuvo al agente de 30 años, quien prestaba servicios en Casa de Gobierno y había sido derivado a la comisaría de Alberdi.
El viernes se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. El acusado afirmó que el encuentro sexual fue consentido, mientras que la víctima narró su calvario y el impacto que tuvo en su vida. La jueza Eliana Gómez Moreira aceptó la imputación de abuso sexual y le aplicó arresto domiciliario por 60 días.
Una de las pruebas clave fue que el policía había difundido los datos personales de la denunciante en el grupo “Contenidos Tucumán”. En este grupo, se compartían videos y fotos de mujeres de alto contenido erótico y se cobraba una tarifa para acceder a contenidos exclusivos. Se secuestró el celular del policía para buscar información clave y dar con los responsables del grupo, que se cree ya habría sido eliminado.
