El gobierno nacional, a través del Decreto 1005/2024 publicado este lunes, ha dado un nuevo paso en la desregulación del servicio postal en Argentina, con el objetivo de “promover la libre competencia” y reducir la burocracia en el sector. Esta medida será coordinada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado junto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y busca fomentar la transparencia, digitalización y seguridad del servicio postal.
Actualmente, el Estado es propietario de Correo Argentino, que cuenta con una red de 1,400 sucursales en todo el país. Sin embargo, esta empresa pública enfrentó un déficit de $71,322 millones en 2023, y a comienzos de 2024, el gobierno destinó $90,000 millones para implementar un programa de retiros voluntarios. Correo Argentino también es responsable de cumplir con el Servicio Básico Universal, que garantiza la cobertura postal en todo el país, pero este servicio enfrenta incertidumbres en el contexto de desregulación.
Uno de los cambios principales incluye la posibilidad de que otras empresas puedan ofrecer servicios postales, como el envío de cartas documento y telegramas, hasta ahora limitados a ciertos operadores. Las empresas que deseen ingresar al mercado postal deberán cumplir requisitos como ser personas jurídicas, tener domicilio en Argentina y estar registradas en la Administración de Recursos de la Actividad (ARCA), entre otros.
Además, se introducen cambios en la mensajería urbana, permitiendo que personas físicas puedan ofrecer este servicio en distancias cortas. También se estableció que, en caso de pérdida o daño en los envíos, las empresas serán responsables de indemnizar a los usuarios, según el artículo 14 del decreto. La verificación de identidad de los usuarios podrá realizarse mediante el Renaper, con autenticación biométrica.
Este proceso de desregulación ha generado preocupación en algunos sectores. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ha presentado un recurso de amparo ante los Tribunales Federales para frenar el proceso, argumentando que esta medida pone en riesgo los servicios postales, especialmente en áreas más remotas, y puede afectar a miles de trabajadores de Correo Argentino, de los cuales ya han sido despedidos más de 4,000 y se han cerrado más de 100 oficinas.
