A partir de un recurso de amparo presentado por la asociación civil Fodecus, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tomó la medida, a la vez que solicitó a las autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que envíen, dentro de un plazo de 48 horas, toda la documentación referida a la concesión del servicio de estacionamiento medido: desde la ordenanza que le da origen, hasta el decreto reglamentario, pasando por el expediente de llamado a licitación.
Esto implica que, en tanto se resuelva lo contrario, quedan suspendidos preventivamente todos los actos relacionados con la prestación del servicio: la ordenanza, la concesión y el cobro.
Las autoridades municipales actuaron con celeridad. “Al notificarse del pedido de informe, y debido a que se trata de una providencia simple, el municipio solicitó a la Sala que se aclaren los términos del pedido; y en ese sentido, hemos indicado los perjuicios que puede traer aparejada una suspensión del contrato. Hasta este momento no tuvimos respuesta”, dijo al diario La Gaceta eel titular de la Fiscalía Municipal, Hernán Colombres.
El estacionamiento medido venía siendo objeto de una fuerte polémica entre dirigentes vinculados al oficialismo provincial y funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. De los cruces habían participado, incluso, el vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, y el intendente de la Capital, Germán Alfaro.
