El Tribunal de Cuentas (TC) de Tucumán ha detectado presuntas irregularidades en el área de Juegos de la Caja Popular de Ahorros (CPA), tras una auditoría que inició en noviembre de 2023. Según el informe del TC, la CPA mantiene una deuda de más de $3.000 millones con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023. La CPA, sin embargo, asegura que estas acusaciones son una represalia del presidente del TC, Miguel Terraf, por una denuncia penal contra un familiar suyo.
El TC, basándose en el informe de los auditores, ha decidido iniciar un juicio de responsabilidad contra el interventor de la CPA, José César Díaz, y ha puesto en conocimiento de la Justicia la documentación obtenida, sugiriendo la posible comisión de ilícitos como la violación de deberes de funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
Darío Amatti, subinterventor de la CPA, calificó este proceso como una muestra de “animosidad, parcialidad e ignorancia” por parte del TC. Aseguró que el Tribunal está interpretando incorrectamente la ley que regula la distribución de fondos provenientes del juego al Siprosa.
La auditoría en el Área de Juegos de la CPA comenzó en noviembre de 2023 y, según el acuerdo 2.492 del TC, se solicitó información tanto a la CPA como al Siprosa para verificar el cumplimiento de la normativa sobre el envío de fondos. Los auditores encontraron que la CPA había incumplido repetidamente con el envío del 25% del resultado bruto del sector juegos entre 2020 y 2023, acumulando una deuda de $3.381 millones más intereses por mora.
Amatti afirmó que el Tribunal de Cuentas cambió de criterio y ahora exige a la CPA que aporte los fondos sin considerar los gastos ni costos, lo cual calificó de “malintencionado e ilícito”. También señaló que la CPA y el Siprosa firmaron un convenio para financiar un centro de atención para pacientes con trastorno del espectro autista con fondos del juego, y que el Siprosa debe a la CPA unos $700 millones desde 2015. Además, acusó al TC de tener una deuda con la CPA y sugirió que las acusaciones contra Díaz son parte de un intento de Terraf de desestimar una denuncia penal por un desfalco cometido por su yerno.
