El Ministerio Público Fiscal solicitó este miércoles una audiencia para la formulación de cargos contra un sujeto acusado por estafas telefónicas. Luego de las denuncias en la Comisaría XI y ratificadas en la Unidad Fiscal Especializada, se dispuso su aprehensión en su domicilio, el pasado lunes, y dentro del plazo de las 48 horas que establece el nuevo digesto procesal penal, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, subrogada por Marcelo Leguizamón, lo imputó por el delito de estafa en concurso real, en calidad de autor.
En el allanamiento a su domicilio fueron secuestrados teléfonos celulares, tablets y dos discos duros, que serán peritados. De acuerdo a la planilla prontuarial, se destaca un proceso anterior, de 2005, también por estafa.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Agustina Abril, comentó que, entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, cuatro personas fueron estafadas por “Walter”, de 56 años, quien se hacía pasar por gestor de distintos organismos provinciales y nacionales.
El imputado contactaba a las víctimas por WhatsApp bajo la promesa de agilizar trámites de pensión por discapacidad y jubilatorios, a través de la Anses, y de representarlos en otros organismos provinciales (Rentas), en juicios sucesorios o en venta de propiedad.
En algunos casos, el encartado directamente los dejaba de atender y en otros mostraba las boletas de Rapipago, pero con transferencia a su propia cuenta en Mercado Pago. De acuerdo a los montos de dichas operaciones, la suma total oscilaría en $250.000 aproximadamente.
Cuando la jueza interviniente le dio la posibilidad de dirigir unas palabras, el sospechoso se negó a prestar declaración.
Finalmente, y a pedido de la Fiscalía, se impusieron medidas de menor intensidad hasta que avance el presente legajo por el plazo de seis meses, entre ellas, fijar domicilio, la prohibición de acercamiento a las víctimas y su grupo familiar por una radio no menor de 300 metros, la imposibilidad de realizar cualquier acto de turbación directa o indirectamente, comparecer todos los meses a firmar el libro de comparendo en la Comisaría XI y la imposibilidad de salir de la provincia, a fin de no obstaculizar la incipiente investigación.