El Hospital San Vicente de Paul, en Orán, Salta, logró reducir sus gastos en 2.367 millones de pesos en nueve meses desde que comenzó a cobrar por la atención médica a extranjeros, una medida implementada en febrero de este año. Según el gobernador Gustavo Sáenz, esto permitió disminuir en un 95% las atenciones a ciudadanos de países vecinos y redirigir recursos a la salud de los salteños.
Durante un acto en el que asumieron nuevos ministros del Gabinete provincial, Sáenz destacó los beneficios de la medida y apoyó las recientes iniciativas del presidente Javier Milei para cobrar servicios de salud y educación a extranjeros no residentes. “Es por ahí por donde hay que recortar los gastos y optimizar los recursos; no con los más desprotegidos”, afirmó, refiriéndose también a recortes nacionales en el área de salud.
La reducción de la demanda por parte de extranjeros también fue notoria en otros hospitales cercanos a la frontera con Bolivia, como el de Tartagal, donde la atención cayó un 67%, y el de Salvador Mazza, con un 85% menos. En Orán, desde que entró en vigor el arancelamiento, el hospital pasó de atender 31.561 pacientes extranjeros en 2023 a solo 77 en lo que va de 2024, quienes abonaron por los servicios recibidos.
Con los recursos ahorrados, el Gobierno salteño anunció la compra de 34 nuevas ambulancias: 14 se entregarán a fines de este mes y las otras 20 están en proceso de licitación. Estas se sumarán a las 93 ya adquiridas durante los dos mandatos de Sáenz.
A pesar de la medida, las autoridades aclararon que nunca se negará atención urgente o en riesgo de vida a extranjeros, una decisión tomada para evitar conflictos como los que enfrentan argentinos en Bolivia.
Los costos de los servicios médicos en los hospitales salteños, actualizados a diciembre de 2024, incluyen $93.481 por día de internación en una habitación con baño, $505.995 por una cesárea y $7.886 por una radiografía de tórax, entre otros. Mientras provincias como Buenos Aires se desmarcan de la iniciativa nacional, otras como Jujuy, Mendoza y Santa Cruz ya aplican políticas similares.
Fuente: Infobae