El abogado Pedro Brito pidió a la Legislatura que destituya a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Según el escrito que presentó ayer y que ha de ser tratado por la comisión de Juicio Político, el titular del alto tribunal es el responsable de la crisis que aqueja al Poder Judicial local. “Ocasionó a los Tribunales un inédito descrédito hasta el extremo tal de que estamos en boca de todos. Ello pone en evidencia que la conducta del actual presidente deja mucho que desear para el cargo que detenta y que carece de idoneidad”, dijo Brito, quien antes había denunciado a Gandur y a todos sus pares en el fuero penal. Con matices y agregados, el escrito entregado a la Legislatura reproduce las objeciones planteadas en la fiscalía a cargo de Diego López Ávila.
Brito citó como ejemplo de la situación crítica de los Tribunales las declaraciones del sindicalista judicial Julio Piumato, quien el lunes dijo que Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, era el responsable de la crisis del fuero penal y que advertía problemas serios de corrupción en la Justicia. “Leemos declaraciones (de Piumato) que cargan tintas con liviandad y ligereza, dirigidas por interpósitas personas que se valen de foráneos, y logran echar más nebulosa sobre la Justicia tucumana y la sociedad”, expresó el abogado. Brito afirmó que todo ello era consecuencia del desacertado manejo en la cúpula que preside el acusado: “(Gandur) a su vez obstaculiza con saña inocultable toda investigación que se dirija a poner orden en el espectro judicial”. Así, el profesional se refirió a la negativa del presidente -luego ratificada por los vocales René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse- a facilitar los números de teléfonos de los miembros de la Corte que a comienzos del mes había solicitado el fiscal Washington Navarro Dávila (Nº5) al funcionario judicial Oscar Talevi, en el ámbito de un supuesto tráfico de influencias ventilado por el ex fiscal Guillermo Herrera. Según la Corte, tales datos privados debían ser requeridos en forma precisa por un juez.
“El otro logro de Gandur fue obtener la unión de la Corte cuando Navarro Dávila, en cumplimiento de su deber funcional y tratando de dar una bocanada de aire fresco a la descreída Justicia provincial, requirió a un empleado los números de teléfono que la institución les proporciona. La Corte en pleno se aglutinó para obstaculizar la investigación penal preparatoria, que se convertiría en investigación jurisdiccional una vez verificada la supuesta comunicación entre tal o cual número”, observó Brito. Y añadió: “quien nada hizo, nada teme. Sorprende el cerco armado para evitar la investigación, por decisión abusiva de la Corte de ‘In’justicia”.
El denunciante también dijo que Gandur “se cambiaba de bandos” según su conveniencia; que usaba su poder para auditar “manu militari” y que ignoraba la ley.
