Una nueva información sobre el crimen de los policías aumenta la polémica. Ahora se conoció que la oficial de policía Cinthya Romina Benedetti, que se quitó la vida después de haber asesinado al agente Franco Piqueras, no habría tenido un seguimiento psicológico después de que tuvo que ser tratada por una denuncia de acoso y amenazas que hizo una ex pareja suya.
Después de la tragedia ocurrida el lunes en la que asesinó al compañero con el que mantenía una relación amorosa, se descubrió que Benedetti habría tenido varios problemas con parejas anteriores, que también eran policías. Así, se llegó a saber que por una pelea con una compañera por un hombre, habría sido trasladada desde la seccional 1° a la 7°.
Justamente, cuando se desempeñaba allí fue denunciada por un colega en diciembre de 2014. El denunciante, que habría sido compañero de ella en la Escuela de Policía, dijo que Benedetti amenazó con matarlo y suicidarse si es que no retomaban la relación amorosa que habían entablado y que él daba por finalizada.
Tras esa amenaza, sus superiores actuaron de inmediato y le quitaron el arma por precaución. También se le ordenó que fuera atendida por una junta médica. El proceso comenzó en febrero de 2015. Además de entrevistarla, tres profesionales de la Policía le ordenaron que realizara un tratamiento psicológico. En abril, luego de que dos médicos y un psicólogo de la fuerza analizaran su caso, se le devolvió el arma, y para eso el informe de la psicóloga que la atendió fue determinante.
Giannoni tomó declaración este miércoles a los profesionales que atendieron a la acusada del homicidio. Ellos explicaron lo que hicieron en este caso y confirmaron que, después de haberle entregado el arma, no le hicieron ningún otro estudio.
También explicaron que en todos los casos en los que se ven involucrados policías que abusaron de sus armas de fuego, son tratados por profesionales que ellos eligen y que no necesariamente son oficiales, es decir, que trabajen en el Sistema Provincial de Salud. También ratificaron que los informes que elaboran esos psicólogos son fundamentales a la hora de decidir el futuro del uniformado.
En este caso, el informe de Benedetti fue labrado por una profesional particular, quien trabajaría en el Siprosa. “Tenemos que seguir investigando más para comprobar si es que no hubo incompatibilidad en el trabajo de esta profesional y si es que no hay alguna responsabilidad penal por no haber hecho un seguimiento a la oficial”, destacó Giannoni.
La fiscal adelantó que, por el momento, solicitará que todos los uniformados que tengan este tipo de problemas sean atendidos por los profesionales del Poder Judicial, y que una junta médica idónea sea la que se encargue de definir si puede o no portar el arma. “Esa es el tratamiento que se le dará en la fiscalía que dirijo, pero quiero aclarar que una vez que finalice la feria, haré un planteo formal para que todos los casos sean tratados de la misma manera”, concluyó.
