El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que los U$S 800.000 secuestrados en las valijas del venezolano Guido Antonini Wilson, ingresados ilegalmente al país y sospechados de estar destinado a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se usarán para construir dos centros de primera infancia en Tucumán, porque en el Norte del país están los peores índices de pobreza y desigualdad. “Ojalá sea el camino para muchas otras acciones y que la Justicia pueda recuperar los recursos perdidos con la corrupción y eso vuelva a la gente”, expresó.
En esa línea el jefe de Gabinete sostuvo que esta gestión puso “la realidad sobre la mesa después de años de mentiras” y se mostró confiado en ir desterrando la cultura de la inflación, que es el impuesto de los pobres.
Por su parte, el titular del Plan Belgrano José Cano, señaló que es una medida dentro del “paquete de leyes que impulsa el Gobierno, como la ley de extinción de dominio para que todo lo incautado producto de la corrupción y el narcotráfico, vuelva en beneficio del estado y de la gente”.
Así detalló que la primera medida que se tomó en esta línea fue la “incautación de maquinaria de la empresa de Lázaro Báez a vialidad nacional” y ahora lo de Antonini.
“Se incautó a este personaje que se manejaba en la Argentina y la Casa Rosada como si fuese un funcionario de alto rango” y ese dinero se ocupará para la “la construcción de centros de primera infancia, “cuyo proceso de licitación está en marcha”. uno de esos centros estará ubicado en San Miguel de Tucumán y otro en tafí Viejo, detalló Cano.
Además, indicó que esta decisión es un “símbolo de una decisión política del presidente Mauricio Macri de que todos los recursos que se han incautado sean volcados en mejorar la calidad de vida de la gente y en particular en este caso de Tucumán, que necesita y requiere esta colaboración por los índices de pobreza y la necesidad de generar centros, no sólo para niños, sino también para su grupo familiar”.
Al defenderse de las acusaciones de Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de la provincia, desmintió que este proyecto fuera una estrategia de Marketing Político y aseguró: “el marketing político es que un ex gobernador que estuvo 12 años se haya hecho designar ministro ad honorem y que ese gobernador vaya a gente muy pobre a entregarles heladeras y a resolver problemas muy puntuales que los debería haber resuelto cuando fue gobernador. Marketing Político es hablar de justicia social, de los pobres y haberse enriquecido con la función publica o que todavía no puedan explicar donde están los 600 millones de pesos que se esfumaron de la legislatura en la campaña electoral”.
“Lamento que estos personajes utilicen twitter con alguna frase para tener algun tipo de trscendencia o protagonismo político. Nosotros estamos devolviendo a la gente la plata que se robo el gobiero del que él fue parte”, apuntó.
