La disputa por terrenos en El Mollar, cerca del Dique La Angostura, enfrenta a vecinos y al Gobierno de Tucumán, que argumenta que las tierras son fiscales y que varias construcciones fueron realizadas de manera ilegal. Los propietarios, por su parte, aseguran haber adquirido los lotes de forma legítima y exigen una solución judicial.
Desde octubre, el Gobierno reforzó controles en la zona debido a edificaciones supuestamente sin permisos en el loteo conocido como “Gaucho Castro”. La provincia implementó una medida cautelar de “no innovar” para detener nuevas construcciones. Sin embargo, propietarios como María Argañaraz sostienen que las acusaciones son infundadas. “Yo compré mi lote de buena fe, tengo todos los papeles en regla, homologados por escribanos y avalados por la comuna”, aseguró.
Argañaraz presentó boletos de compraventa, planos con el logo de la provincia y habilitaciones de servicios básicos como electricidad para respaldar su caso. “Pagamos todo lo que se nos pidió. Escribanos y autoridades comunales validaron nuestros documentos. No entendemos cómo ahora nos llaman usurpadores”, expresó.
El gobierno insiste en que los terrenos son fiscales, por lo que no pueden ser vendidos. También acusa a algunos propietarios de continuar construyendo a pesar de las medidas judiciales. Incluso, uno de los dueños permanece detenido con prisión preventiva por desoír la orden judicial, lo que ha intensificado la tensión.
La comunidad de unas 20 familias asegura sentirse injustamente señalada. “Nos llaman usurpadores sin investigar. Mi hija ha sufrido mucho; en la escuela la señalan como si fuéramos delincuentes”, lamentó Argañaraz. Los vecinos sostienen que las irregularidades podrían ser responsabilidad de quienes les vendieron los lotes, no de ellos, y aseguran que el delegado comunal había validado la documentación en reuniones previas.
Los propietarios piden una resolución judicial rápida y diálogo con las autoridades. “Queremos que investiguen y aclaren esta situación. Si hubo errores, no son culpa nuestra. Nosotros pagamos todo en tiempo y forma”, declararon.
Mientras tanto, el gobierno mantiene los controles en la zona y ha colocado carteles indicando que se trata de un área protegida bajo la medida de “no innovar”. El conflicto sigue abierto, dejando a las familias en la incertidumbre sobre el futuro de sus terrenos.
Fuente: La Gaceta
