Dos ex policías fueron condenados por abusar sexualmente de una adolescente en el parque 9 de Julio.
Se trata de Aníbal Leiva y Néstor Juan González. Ambos se encuentran privados de la libertad desde el viernes pasado por el hecho que ocurrió cuando ambos prestaban servicio en la comisaría 11° y patrullaban el parque 9 de Julio. Precisamente, el 22 de mayo de 2012.
Según la acusación formulada por la fiscala Adriana Giannoni, quien investigó el caso, los policías se acercaron a una pareja que estaba en moto y le pidieron al hombre que mostrara la documentación del rodado. Como no la tenía, le exigieron dinero. Leiva llevó a la jovencita, que en ese entonces tenía 16 años, atrás de un árbol, donde abusó de ella. González, por su parte, retuvo al hombre.
La causa llegó a juicio por primera vez en febrero de 2015. La Sala VI los condenó a ambos. Leiva recibió una pena de 10 años y González, una pena de cinco. Pero la defensa apeló esa sentencia y la Corte ordenó la nulidad del juicio. “Faltaba la fundamentación del voto en disidencia de la doctora Alicia Freidenberg en cuanto al monto de la pena”, explicó Cergio Morfil, el representante legal de Leiva.
Esta vez el debate oral estuvo a cargo de los vocales de la Sala III, Néstor Macoritto, Santiago Caramuti y Dante Ibáñez, quienes el viernes emitieron un fallo unánime.
Condenaron a Leiva a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a la fuerza policial en concurso real con el delito de exacciones ilegales.
En cuanto a González, recibió una pena de ocho años por ser partícipe necesario del mismo delito, también en concurso real con exacciones ilegales. Además, ordenaron la prisión preventiva de ambos para evitar una posible fuga.
En el mismo fallo, el tribunal ordenó que se investigara a dos personas más: el policía Miguel Ángel Suárez y de José María Ildarraz, quienes al momento del hecho se desempeñaban como tercer jefe de la comisaría 11° y como médico de la fuerza, respectivamente, por la posible comisión del delito de encubrimiento, tal como lo solicitó la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo.
