En el marco del pedido de juicio político que entablare el Colegio de Abogados de Tucumán en contra del Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, el legislador Alberto Colombres Garmendia, como integrante de la Comisión encargada de analizar y tratar la temática, manifestó su voto en favor de correr traslado a la solicitud elevada por la institución mencionada con anterioridad. Voto que resultó en disidencia con lo adoptado por la mayoría oficialista que integra la Comisión, que decidiera rechazar in límine el estudio del caso.
“La Legislatura ha perdido una enorme oportunidad de mostrarse abierta y decidida a otorgarle la mayor transparencia posible a estos hechos de relevancia institucional que en la actualidad han generado una serie de polémicas en el ámbito del Poder Judicial de la provincia. No comparto en lo absoluto lo decidido por mis pares del justicialismo, ya que el pedido de juicio político merece ser admitido y dársele el trámite pertinente por esta Comisión. Sin embargo, primó lo político sobre lo legal y jurídico y estamos incumpliendo la función propia de esta Comisión, en desmedro del sistema republicano de gobierno que exige el comprometido ejercicio de los mecanismos de control de los Poderes previstos en nuestra Constitución”, sostuvo Colombres Garmendia.
Para reafirmar su posición, el parlamentario del PRO adujo que los cargos imputados a la figura del Ministro Fiscal fueron expuestos con claridad y detalle, por lo que no puede desconocerse que muchos de los hechos alegados por el Colegio de Abogados provienen de votos de integrantes del Poder Judicial e incluso de acordadas emanadas desde la propia Corte Suprema local.
“Se ofrecen como prueba de testigos, entre otros, el testimonio de los vocales del Máximo Tribunal como Antonio Gandur y René Goane, asimismo como prueba informativa se remiten actuaciones judiciales y se adjunta relevante prueba documental, mucha de la cual reviste la condición de instrumento público, contando por tanto con plena fe pública. Todo ello hace evidente que la presente acusación no puede considerarse bajo ningún punto de vista como ´manifiestamente improcedente´, requisito que exige la ley para rechazar in límine la acusación”, consideró Colombres Garmendia.
