El Congreso chileno dio el primer paso para habilitar que los enfermos terminales puedan poner fin a su vida con la asistencia de un profesional de la salud. Es un hecho considerado histórico, ya que rompió el tabú que durante años rodeó al tema de la eutanasia América Latina. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro país?
En la Argentina, según el especialista Eduardo Rivera López, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, «la eutanasia y el suicidio asistido deberían regularse para evitar los abusos que la ilegalidad implica».
En nuestro país, ni la eutanasia voluntaria ni el suicidio asistido están autorizados por alguna norma. En el primer caso, un médico u otra persona produce la muerte del paciente que la consintió. En el suicidio asistido, es el paciente quien produce su fallecimiento con la asistencia de otra persona. Ninguno es aceptado por la Iglesia Católica, porque los considera un crimen.
Sin embargo, al ser consultado por Clarín, el filósofo Rivera López -doctor en ciencias políticas de la Universidad de Mainz, Alemania- sostiene que la existencia de una legislación específica sería mucho mejor que dejar que esas prácticas sigan realizándose ilegalmente. Porque la falta de normas permite abusos: «Fundamentalmente, que se aplique la eutanasia a pacientes que no dieron su consentimiento».
Hasta ahora, se han presentado en el Congreso argentino algunos proyectos de ley relacionados con «el derecho de muerte digna», pero ninguno prosperó. Según el experto, «eran muy restrictivos y no avanzaban demasiado más allá de lo que ya la propia ley de ejercicio de la medicina dice». Esa ley (Nº 17132/67), obliga a los médicos a respetar la voluntad del paciente cuando se niega a tratarse o internarse, «salvo en los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos».
En 2002 un sondeo realizado a médicos del CEMIC sobre eutanasia y suicidio asistido dio estos resultados: de 120 encuestas tuvieron un retorno del 63%. El 26% de los médicos dijo que los aplicó una o más veces y el 63%, que estaría de acuerdo con la eutanasia si fuera legalizada.
Se podría objetar que una persona pentapléjica podría tomar la decisión de suicidarse con ayuda al estar en un estado de desesperación. Pero Rivera López opina: «Una regulación legal podría hacer mucho para garantizar que la decisión no sea tomada con desesperación. El paciente tiene derecho a interrumpir su tratamiento o incluso a terminar con su vida, pero la ley deberá garantizar que tome la decisión lo más autónomamente posible».
En 23 países, ya funcionan 38 organizaciones no gubernamentales que promocionan el derecho a morir y apoyan la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. Al mismo tiempo, también fueron prosperando en el mundo y en la Argentina (desde 1985) los servicios de cuidados paliativos en los hospitales, que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como un modo de hacer que los pacientes terminales alcancen una buena calidad de vida, a pesar de que no consigan la cura. Sus defensores afirman que esos pacientes necesitan de un cuidado activo que no acelere su muerte ni tampoco la posponga artificialmente.
Para Rivera López, «más pacientes deberían acceder a cuidados paliativos. En muchos casos puede ser una alternativa a la eutanasia o al suicidio asistido. Aunque hay casos en que no son efectivos para paliar el dolor físico y el sufrimiento psicológico. La medicina tiene un límite».
