Tras varios años de investigaciones y luego de 15 de haber encontrado su cuerpo, el caso Paulina Lebbos tendrá otro eslabón, cuando este miércoles se dé a conocer la sentencia del ex fiscal de la causa, Carlos Albaca.
Albaca, está imputado por 11 hechos vinculados a pistas, pericias y testimonios que no siguió o investigó, con la acusación de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Durante los alegatos, Gerardo Salas, el fiscal de la casusa, varias irregularidades por parte del ex fiscal.
En primera instancia, de dictó secreto de sumario, que se mantuvo durante siete años, además, se quitó el rol de querellante a Alberto Lebbos, padre de la víctima, y se lo dio a César Soto, pareja de la joven, quien era considerado un posible sospechoso.
El acusado no tuvo perspectiva de género durante su rol de investigador del caso y citó parte de uno de sus descargos, donde afirmaba que Paulina podría haber muerto por un juego de asfixia erótica.
Durante siete años no realizó los estudios de ADN en los pelos hallados en el cuerpo de la joven, ni de los hisopados que se realizaron
No investigó la llamada que se realizó desde el celular de Paula tras su desaparición cuya ubicación casi exacta fue aportada por la compañía telefónica.
Por otro lado, se buscó intensificar la investigación hacia los “hijos del poder”, algo que decidió no hacerlo en su momento. Entre ellos, se encuentran Sergio Kaleñuc –dueño de la casa donde podría haber sucedido el crimen- y un tal Rojkés, afirmó la Soledad Deza, quien es querellante de Leticia, mamá de Paulina y que también solicitó al tribunal seis años de prisión para el imputado.
El crimen de la joven tucumana sucedió el 26 de febrero del 2006. En dicha oportunidad, Lebbos había ido a bailar con una amiga a un local de la zona del exabasto, luego se subieron a un taxi alrededor de las 6:30 de la madrugada, para dirigirse a La Rioja al 400 en donde descendió la amiga, y Paulina siguió a casa de si novio, lugar al que nunca llegó, y su cuerpo fue encontrado en la localidad de Tapia, a 30 km de la capital, el 11 de marzo.
Desde que se encontró su cuerpo sin vida, familiares, amigos, excompañeros y agrupaciones feministas piden esclarecimiento en el caso y justicia, lo que ha llevado al enjuiciamiento del exfiscal de la causa, acusado de incumplir y encubrir pistas en la investigación.
