Emilio Guagnini, abogado perteneciente a Andhes, es uno de los profesionales que defendió los derechos de la menor durante el juicio abreviado realizado el 14 de febrero pasado.
E. A, pareja de la abuela de Lucía, fue condenado en ese momento a 18 años de prisión y el fallo de los integrantes de la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán, María Balcazar, Fabián Fredejas y Juana Francisca Juárez dispuso que sea de cumplimiento efectivo para el acusado, quien se declaró culpable, pero no pidió perdón.
Las organizaciones también ratificaron el rechazo al pedido de prisión domiciliaria efectuado por el abusador de Lucía porque “es necesario priorizar el interés superior de la niña”.
En un comunicado, indicaron además que de acuerdo al informe médico del Servicio Penitenciario de la provincia, “el condenado no presenta enfermedad aguda en curso ni cumple con el requisito de ser mayor de 70 años, por lo que no corresponde otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria”.
Asimismo, afirmaron que, en ese informe, se recomienda que “el condenado no debe residir en un lugar donde vivan menores de edad ni personas de vulnerabilidad”.
Sin embargo, el domicilio que presentó la defensa en el que se podría alojar este hombre “residen un niño y una persona con síndrome de down, por lo que ni siquiera cumpliría el requisito necesario”.
Por otro lado, las organizaciones dicen que el Estado provincial no cumplió con las medidas dictadas en la sentencia vinculadas a “la asistencia psicológica gratuita para Lucía, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia”.
“El Poder Ejecutivo tucumano cumplió lo que la jueza de Familia Valeria Brand, le ordenó: un trabajo y una casa para que la mamá de la niña pueda vivir con sus hijos, y asegurar el acceso a la educación de todos ellos dentro de la jurisdicción de su nuevo centro de vida”, agrega el comunicado.
Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y dejó embarazada en febrero de 2019, caso que tuvo amplia repercusión a nivel nacional e internacional.
La víctima pidió la interrupción legal del embarazo (ILE), a la cual accedió después de muchas dilaciones y como la gestación estaba avanzada, tuvieron que practicarle una cesárea. El bebé, que pesó 600 gramos, murió a los pocos días de haber nacido aquejado por problemas respiratorios severos, según explicaron los médicos.
