Debido a una denuncia que realizaron sectores antiderechos contra José Gijena y Cecilia Ousset, profesionales que garantizaron la Interrupción Legal del embarazo a la niña de 12 años, la fiscala inició una investigación por homicidio.
Sin embargo, durante el mes de agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción decidió separarla de la causa, junto al juez Facundo Maggio, por “temor fundado de falta de objetividad”. Ahora el máximo Tribunal de la provincia ratificó el fallo al considerar inapropiados los planteos que había realizado Giannoni.
Organizaciones que trabajan por los derechos humanos y de las mujeres (Andhes y Cladem) habían recusado a Maggio por su “vinculación explícita y reconocida con el Arzobispado de Tucumán” y cuestionaron la parcialidad de la fiscala ya que su “posicionamiento político/ideológico no le permitiría actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
“La sentencia de la Corte es una demostración de que el Máximo Tribunal no avala la persecución ideológica en contra de lxs médicxs que garantizaron la ILE a Lucía, la niña de 12 años embarazada producto de una violación a la cuál el Estado le vulneró sus derechos durante casi un mes”, consideraron desde los organismos.
Esta decisión adquiere un mayor impacto el marco de tres próximos aniversarios muy importantes: el 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil, el 20 es el Día Universal del Niño y el 25 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A Lucía le vulneraron todos sus derechos en su condición de niña y de mujer .
Andhes y Cladem reclamaron al Estado que “cesen los obstáculos y las violencias institucionales que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Tucumán, en particular, pero en la Argentina, en general. También exigimos que se deje de criminalizar la práctica y perseguir a profesionales que garantizan derechos”.
Si bien le queda a la fiscala la instancia de la Corte Suprema de la Nación “esperamos que este sea el principio del fin de una cadena de arbitrariedades e injusticia” manifestaron desde Andhes y Cladem. Una vez cumplido ese paso, se debería designar una nueva fiscalía a cargo de la causa.
Desde las organizaciones que defienden a Gijena y Ousset exigen que se cierre la investigación porque no existe delito. “Ambos profesionales respondieron a un llamado del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que garanticen el cumplimiento de una interrupción legal de embarazo. Esta decisión de la Justicia es una bocanada de aire y de esperanza para que en Tucumán comiencen a respetarse los derechos de las niñas”, finalizaron.
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