La Justicia de Tucumán condenó a 18 años de prisión al abuelastro de “Lucia”, la nena de 11 años que fue violada y embarazada por la pareja de su abuelo. El único acusado se declaró culpable. La nena y su madre pidieron la interrupción legal del embarazo pero se la negaron debido a que cursaba la semana 21 de gestación. Por este motivo se le practicó una cesárea: la bebé pesó 600 gramos y murió a los 10 días de nacer.
El Juez condenó al abuelastro por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, ambos en concurso ideal por el delito de corrupción de menores agravada”.
Cabe resaltar, que la ley amparaba el pedido de la joven pero la práctica se realizó recién cuando se expidió el oficio judicial. Allí se produjeron las “objeciones de conciencia” de todos los médicos del Hospital de Este Eva Perón y se convocó a otros dos especialistas que realizaron la intervención.
En la sentencia, el Tribunal de la Sala V Penal además instó a que “todos los Poderes del Estado deben actuar como verdaderos garantes de salud, educación, acceso a la justicia, a la información adecuada, y que propenda a la erradicación de la violencia contra las mujeres y en particular de la niñez, dando así cumplimiento con las obligaciones asumidas por nuestra república a nivel internacional”.
Ante el escaso avance en el cumplimiento del fallo, desde las organizaciones Andhes y Cladem que acompañaron a Lucía en todas las instancias de su caso, solicitaron al gobierno provincial que “se arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de las exhortaciones de la sentencia penal con la urgencia que el caso merece” e impulse en ese sentido una mesa de diálogo compuesta por actores estatales y de la sociedad civil.
La sentencia
Con el objetivo de garantizar medidas de prevención, no repetición y erradicar la violencia sexual contra las mujeres, el fallo de la sala Penal conformada por los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez ordenó relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, campañas de educación, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, y de salud sexual y reproductiva, haciendo eje en docentes y efectores de salud.
También requirió protocolos de prevención, educación y de recepción de denuncias, en toda la provincia pero en especial en la localidad 7 de Abril de donde es oriunda Lucía. Todo el material, según el Tribunal, debe basarse sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como también de la Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres para cumplir con lo previsto en los Pactos de Derecho Humanos (CEDAW, Belém Do Pará, Convención de los Derechos del Niño, etc.).
Además, el fallo estableció que el poder ejecutivo debía garantizarle a Lucía asistencia psicológica gratuita, una beca para que pueda culminar sus estudios y asistencia socioeconómica y sanitaria a la niña y su grupo familiar. Finalmente, resalta la importancia de la implementación de políticas públicas e integrales sobre salud sexual y reproductiva, donde se incluyan iniciativas para prevenir, atender y reparar a las víctimas y con ello garantizar el acceso a tales derechos en nuestra provincia.
“Para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia proponemos se conforme una mesa de diálogo y seguimiento con las organizaciones que acompañamos el caso Andhes y Cladem, junto con la participación de representantes de la Secretaría de Estado de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Oficina de la Mujer y la Oficina de DDHH de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informaron Fernanda Marchese, Directora Ejecutiva de Andhes, y Adriana Guerrero, coordinadora provincial de Cladem. El pedido fue presentado ante Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán.
