El Gobierno subió el piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias y a partir de ahora los trabajadores que perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil no pagarán el tributo.
A su vez, también exime del pago del Sueldo Anual Complementario a los asalariados cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil. Con la actualización, las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril seguirán sin pagar la tasa tributaria.
La medida incrementa el piso de $150 mil y el umbral de $173 mil a $175 y $203 mil, respectivamente. También exime del pago del Sueldo Anual Complementario a las y los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil
Con la actualización, las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril seguirán sin pagar el impuesto. De esta manera el aumento de las paritarias no afectará el alivio fiscal impulsado por el gobierno y solo seguirán pagando aproximadamente el 10% de los trabajadores.
De este modo, el gobierno apunta a fortalecer el poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno. Además, busca asegurar que durante 2021 no aumenten, consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, las personas alcanzadas este año por el tributo.
La reforma de Ganancias llevada a cabo por el Gobierno nacional es sustentable y progresiva. Durante la administración de Juntos por el Cambio se duplicaron los trabajadores y trabajadoras alcanzados por este impuesto.
La Ley buscó volver a los niveles anteriores al período 2015-2019, y que 1,3 millones de trabajadores dejen de pagar el tributo. También permitió que solo el 10% de los trabajadores registrados en relación de dependencia paguen el impuesto. El mínimo no imponible del impuesto, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.
