La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, investigará a los usuarios de billeteras virtuales que, en noviembre de 2024, tengan saldos de $700.000 o más. Esta medida busca asegurar que el dinero en estas plataformas tenga un origen legal y que no se presenten irregularidades fiscales. También, las transferencias sin justificar que superen los $400.000 serán revisadas. Las billeteras virtuales, al igual que los bancos, deberán reportar todas las transacciones que superen estos límites.
El control también incluye a los fondos en moneda extranjera, digital o criptomonedas, que serán convertidos a pesos para su declaración. La Resolución General N° 4298, que actualizó estos montos, tiene como objetivo mejorar la transparencia del sistema financiero. ARCA actualiza los límites cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), adaptándolos a la inflación para que sigan siendo efectivos en el control de operaciones financieras.
Si una persona tiene más de $700.000 en su billetera virtual o transfiere más de $400.000 sin justificación, ARCA iniciará una investigación para verificar el origen de los fondos. Los usuarios deberán presentar documentos, como recibos de sueldo, facturas o certificados de un contador, que respalden la legitimidad de los fondos. Si no logran justificar el origen del dinero, ARCA puede tomar medidas como cerrar la cuenta y emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que alerta a las autoridades sobre posibles actividades ilícitas.
Errores comunes que pueden llevar a una investigación incluyen superar el límite de transferencias sin justificar, no tener documentación para el origen de los fondos y no responder a solicitudes de justificación por parte del banco o fintech. Entre los documentos que ARCA puede pedir están boletas de compra y venta, documentos de venta de acciones o empresas, recibos de sueldo, facturación de los últimos meses, constancias de monotributo y certificados de fondos emitidos por un contador.
ARCA sigue estrictos procedimientos de investigación y, en caso de detectar movimientos sospechosos, solicita documentación que justifique los fondos. Si no se puede demostrar la legalidad de los fondos, el organismo puede tomar medidas severas, incluyendo el cierre de cuentas.
